La Justicia uruguaya ordenó hoy el ingreso en prisión del ex comandante en jefe de la Armada uruguaya, Juan Fernández, y de otros dos altos oficiales del cuerpo para ser procesados por un delito de fraude continuado, informaron fuentes judiciales.
Un cuarto militar también será procesado por el mismo delito con el beneficio del arresto domiciliario, según decretó la magistrada especializada en crimen organizado, Graciela Gatti.
La jueza acusa a los militares de ser responsables de una maniobra de compras falsas de material para la Armada, el primero y el más grave de los casos de corrupción que se han descubierto en el seno de la institución militar en las últimas semanas.
El procesamiento de los militares, investigados desde hace semanas, fue solicitado el pasado lunes por la fiscal que instruye el caso.
A lo largo de la semana, los oficiales acudieron a los Tribunales para declarar en varias ocasiones ante la jueza Gatti, que hoy tomó la decisión de encarcelarlos.
Fernández, que ayer mismo dijo en declaraciones a los medios que no tenía nada que ver con el asunto, está imputado en calidad de coautor, mientras que los otros dos militares presos lo hacen como autores del delito.
Además, la jueza dispuso un embargo de los bienes de los procesados por un valor de 11.629.548 pesos (unos 550.000 dólares).
El almirante Fernández ocupó el cargo más alto en la Armada uruguaya entre 2006 y 2010, cuando pasó a situación de retiro y fue sustituido por Óscar Debali, militar que dimitió la semana pasada después de que se supiera que su sobrino, también oficial del cuerpo, estaba involucrado en maniobras ilícitas.
Los procesados están acusados de participar en una estafa millonaria, según la cual la Armada habría adquirido una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por más de 600.000 dólares a empresas y proveedores inexistentes.
Fuentes de la fiscalía sostienen que acciones similares podrían haber costado a la Armada hasta 7 millones de dólares.
Los escándalos de corrupción que afectan a la Armada estallaron hace cuatro semanas, y ya se cobraron, además de la renuncia del almirante Debali, la retirada fulminante del servicio de varios militares y el procesamiento de dos marinos, además de los cuatro acusados hoy.
Las investigaciones en la Armada surgieron a raíz de una denuncia anónima y revelaron la existencia, además de una red de compras falsas de material, irregularidades de todo tipo en las que incurría el personal naval de forma sistemática, como el robo de combustible y la venta de ilícita de material militar.
El pasado miércoles, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, informó de la existencia de al menos dos casos nuevos de compras falsas en la institución y no descartó la existencia de nuevos actos de corrupción.
Pese a que éste es el mayor escándalo que ha golpeado al Gobierno del presidente José Mujica desde que asumió el pasado mes de marzo, todos los partidos de la oposición han apoyado las medidas adoptadas por Rosadilla desde que surgió la crisis, encaminadas a sancionar a los militares implicados en casos de corrupción.
