El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió hoy la apertura de una investigación formal por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Costa de Marfil, tras las elecciones de noviembre pasado.
Al menos 3.000 personas murieron, otras 32 están desaparecidas y 500 fueron detenidas de forma arbitraria en diversos hechos de violencia que siguieron a los comicios, según datos divulgados por la fiscalía.
Además, se han registrado unos cien casos de violación, si bien esta cifra puede aumentar "considerablemente", ya que hay denuncias de ese tipo de delitos que aún no han podido ser investigadas de forma adecuada.
Inicialmente, la fiscalía había centrado sus pesquisas en delitos presuntamente cometidos entre 2002 y 2005, pero posteriormente las amplió a los episodios de violencia electoral sucedidos desde el 28 de noviembre de 2010.
La actuación de la fiscalía en Costa de Marfil es una primicia, ya que ese país no es Estado parte del Tratado de Roma, que regula el funcionamiento de la CPI, si bien el presidente del país, Alassane Ouattara, confirmó en diciembre de 2010 a la Fiscalía que aceptaba la jurisdicción de la corte.
Ocampo señaló que esa circunstancia obliga a la fiscalía a pedir la autorización de los jueces de la CPI para abrir la investigación, pues en caso contrario ésta se habría incoado directamente a partir de la indicación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tras las elecciones de noviembre pasado, los partidarios del presidente electo de Costa de Marfil y reconocido por la comunidad internacional, Alassane Ouattara, y los del entonces mandatario saliente Laurent Gbagbo, que se atribuyó la victoria en los comicios, protagonizaron continuos choques.
Después de un compás de espera se produjo un enfrentamiento civil en el que tropas francesas participaron junto a los partidarios de Ouattara y, el pasado 11 de abril, Gbagbo fue arrestado por las fuerzas de su rival en el búnker donde se escondía.
La fiscalía de la CPI indicó ayer que en mayo recibió de Ouattara una carta en la que solicitaba "una investigación independiente e imparcial sobre los crímenes más serios cometidos desde el 28 de noviembre de 2010".
Según ha declarado a la prensa el fiscal jefe de la corte, "investigar los crímenes en Costa de Marfil es la única forma de hacer justicia a las víctimas y de prevenir la comisión" de nuevos delitos.
Responsables de la fiscalía viajarán el próximo lunes al país africano para estudiar cómo conducir la investigación, si es que los jueces dan permiso para ello finalmente.
De comenzar la investigación en Costa de Marfil, será el séptimo caso que la CPI abre en África después de Congo, Uganda, la República Centroafricana, Sudán, Libia y Kenia.