Los discapacitados en Nueva Jersey estarán protegidos de los abusos de las personas encargadas de cuidarles al convertirse hoy en ley una medida que crea un registro de ofensores en el estado.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, firmó el proyecto de ley, que tuvo como principal promotor al asambleísta demócrata Ángel Fuentes, y como coautores a Rubén J. Ramos, Valerie Vainieri Huttle, Fred Scalera y Linda Greenstein.
El Departamento de Servicios Humanos será el responsable de poner en marcha la ley, en 180 días, que crea una Unidad especial de respuesta para recibir e investigar las quejas por abuso, negligencia o explotación, y un Registro central de ofensores contra individuos con discapacidades, señala un comunicado de prensa.
La ley define al cuidador como "una persona empleada o que voluntariamente está en un programa, facilidad, residencia comunitaria de cuidado de salud, o vivienda aprobada por el Departamento de Servicios Humanos, o una persona que provea servicios comunitarios básicos financiados indirectamente por el estado a un individuo con discapacidades".
Indica que para que una persona sea incluida en dicho registro de ofensores deberá haberse confirmado que actuó intencionalmente, con negligencia o descuidadamente para causar heridas y haber actuado con negligencia excesiva, o cuyo patrón de comportamiento haya causado sufrimiento.
También que haya explotado la condición de un individuo excesivamente en busca de superar la cantidad de dinero que recibe, establecido por la ley.
Durante el transcurso de la investigación se deberá notificar al cuidador de que puede ser incluido en el registro, dándole la oportunidad de responder a la alegación.
Igualmente, el estatuto establece que el nombre de la persona a la que se confirme el abuso sea removido de la lista de ofensores después de cinco años si demuestra al Departamento de Servicios Humanos que ha mantenido una buena conducta, así como evidencias de su rehabilitación.
El estatuto indica también que habrá una línea telefónica sólo para recibir las denuncias de los presuntos abusos.
Cualquier persona que sospeche de que se está abusando de un discapacitado debe comunicarse con el Departamento de Servicios Humanos e informar el nombre y dirección de éste, así como del proveedor del cuidado de salud o guardián y cualquier otra información pertinente al caso.
Se establece que si una persona conoce que se está abusando de un discapacitado y no lo reporta, será considerado tan responsable del delito como el que lo comete, lo que conlleva seis meses de prisión y mil dólares de multa.
El nuevo estatuto requiere que el Departamento de Servicios Humanos, además de recibir la llamada e iniciar la investigación, tome acción inmediata para garantizar la integridad del discapacitado.
"Uno de los primeros objetivos del gobierno es el de proteger a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos. Creando un registro de proveedores del cuidado de la salud que estén abusando de un discapacitado, nos permitirá proteger mejor a los individuos que dependen de otros para sobrevivir", señaló Fuentes.
