El Gobierno argentino opinó hoy que el país se situó en "la vanguardia de la discusión y reivindicación de los derechos" de los homosexuales en Latinoamérica con la sanción esta madrugada de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
"Hoy, entre todos hemos dado una lección. Hemos reivindicado derechos para una buena parte de la sociedad, que no sólo veían frustrada su posibilidad (de casarse), sino que también sufrían por este tema", sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Argentina se convirtió hoy en el primer país latinoamericano en autorizar el matrimonio homosexual con la sanción por parte del Senado de la ley, al cabo de un reñido debate de más de 14 horas.
"Todos coincidían en que era necesario producir un cambio", evaluó Fernández en torno a la norma impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández, que causó un fuerte enfrentamiento con la Iglesia católica y otros sectores religiosos.
"Acá no había un problema religioso de por medio, lo que estábamos discutiendo era la necesidad de llegar a ese sector, o este segmento, que durante muchos años han sufrido, han padecido esta situación por no tener una reivindicación de sus propios derechos", dijo Aníbal Fernández a la radio Continental.
En esta "guerra de Dios", como la calificó el cardenal Jorge Bergoglio, la Iglesia desplegó una agresiva campaña que incluyó movilizaciones, recogida de firmas en escuelas religiosas, sanciones para los sacerdotes discrepantes y "consejos" a los senadores en cuyas manos estaba el voto del proyecto de ley.
En medio de la polémica, desde China, la presidenta argentina, Cristina Fernández, defendió el lunes pasado el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio y criticó las expresiones que usa la Iglesia católica para rechazar la iniciativa aprobada por los diputados y que defiende el Gobierno.
El proyecto fue aprobado esta madrugada por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, en una sesión de acalorados debates entre oficialistas y opositores y seguida por grupos de derechos humanos y colectivos homosexuales apostados frente al Senado.
"Es un día histórico. Fue una sesión emocionante hasta el último minuto, como la final del Mundial, pero esta vez ganó Argentina. Marca un antes y un después en América Latina y el país entra por la puerta grande de la diversidad", señaló a Efe el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, de visita en Buenos Aires.
Argentina, país pionero en permitir el matrimonio homosexual en Latinoamérica
La nueva ley, aprobada con 33 votos a favor y 27 en contra, además de tres abstenciones, estuvo precedida de una tensa polémica que caló en la sociedad argentina y que enfrentó al Gobierno de Cristina Fernández, partidario de las bodas gay, con la oposición, que pide que se limite el reconocimiento legal a la unión civil, y la Iglesia católica.
Hasta el momento, sólo cuatro ciudades argentinas reconocían la unión civil entre parejas del mismo sexo, aunque desde diciembre se han celebrado 9 matrimonios homosexuales gracias a habilitaciones judiciales, aunque algunos fueron posteriormente anulados.
El primer antecedente a la norma debatida en el Senado fue la Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, promulgada en 2002.
En el contexto americano, Argentina se une a Canadá en la avanzadilla de países que reconocen los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), en un continente más reacio que Europa a la hora de conceder libertades sociales a estos colectivos.
Mientras que las parejas de gays y lesbianas ya pueden casarse en el territorio íntegro de países como Holanda, España, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal, en América, sólo las legislaciones de Canadá y Argentina ofrecen esta posibilidad.
Canadá legalizó las bodas gay en julio de 2005 y se convirtió en el cuarto país del mundo y el primero del continente americano en aprobar esta iniciativa, aunque los derechos relativos a la adopción, pensiones o beneficios sociales varían según la provincia.
En México, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales únicamente en el Distrito Federal, la capital, donde la ley entró en vigor el pasado 4 de marzo y además se aprobó la adopción.
La batalla en Estados Unidos no se libra a nivel nacional, sino en los estados, que en su mayoría cuentan con leyes que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
No obstante, en los últimos años se han producido cambios importantes, especialmente después de que el estado de Massachusetts legalizara las uniones gay en 2003.
A él se unieron Vermont, Nuevo Hampshire, Connecticut y Iowa, además de Washington DC y California, donde en 2008 y durante unos meses las bodas fueron legales hasta que los votantes aprobaron en noviembre de ese año una enmienda constitucional, conocida como Proposición 8, que revirtió este dictamen.
Hacia la equiparación de garantías civiles entre heterosexuales y homosexuales caminan Uruguay y Chile, donde el Gobierno de Sebastián Piñera prepara un proyecto que daría cabida a todo tipo de parejas, con el fin de regular asuntos patrimoniales, de sanidad y de pensiones.
Piñera incluyó la propuesta en sus promesas de campaña, cuando se comprometió a proteger todas las formas de familia, aunque matizó que la unión civil no equivaldría en ningún caso al matrimonio.
Por su parte, los homosexuales en Uruguay pueden registrarse como pareja ante las autoridades y adoptar niños, según una ley aprobada en el Senado en septiembre de 2009, pero no pueden casarse.
Desde 2008, la ley iguala los derechos y obligaciones del matrimonio a los de las parejas (heterosexuales u homosexuales) con más de cinco años de convivencia, incluyendo asistencia recíproca, sociedad de bienes, los derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones relativas a la seguridad social.
A pesar de que la unión de los homosexuales no está permitida en Brasil, donde entre 1995 y 2001 han naufragado varias iniciativas legislativas que aspiraban a abordar el tema, la Justicia sí les ha reconocido derechos.
En una decisión que sentó jurisprudencia, el Superior Tribunal de Justicia permitió el pasado abril que una pareja de mujeres comparta la custodia de dos niñas que había adoptado una de ellas.
En la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe se concibe el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer y no existen iniciativas legales ni sociales para equiparar derechos entre personas de todas las tendencias sexuales.
Es el caso de República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Puerto Rico -donde fuentes del LGBT señalaron a Efe que hay grupos conservadores que promueven que la Constitución restrinja el matrimonio al formado por hombre y mujer-, y los andinos Venezuela y Ecuador.
Otras naciones, como Colombia, no reconocen el derecho al matrimonio pero sí ofrecen garantías civiles, como el cobro de la pensión de jubilación en caso de viudedad.
En Perú, el asunto llega a la arena política por las propuestas del escritor Jaime Bayly y la iniciativa del contrato de patrimonio entre personas de mismo sexo del congresista Carlos Bruce.
Este legislador se ha mostrado a favor de los matrimonios del mismo sexo, pero reconoció en febrero pasado que el debate no será posible en años "debido a la hipocresía, desinformación, prejuicios, fobias y gente profundamente religiosa que no lo aprobaría".
Bolivia tampoco cuenta con una ley que permita las bodas gay, sin embargo, la Fundación Libertad, que reúne al colectivo LGBT, informó hoy a Efe que se prepara un proyecto de Ley del Concubinato que será entregado antes de fin de año, primero al Ministerio de Justicia y después al Congreso.
También activistas homosexuales y un grupo de diputados impulsan en Costa Rica un proyecto de ley llamado Sociedades de Convivencia para garantizar derechos civiles, mientras que en 2006 en Cuba se presentó una propuesta que incluye una reforma al Código de Familia (vigente desde 1975) para el reconocimiento de la figura de la "unión legal" que no ha llegado a prosperar.
En Paraguay no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que los grupos de gays piden con mayor fuerza, sobre todo tras el reciente rechazo en el Congreso de un proyecto que veta el ingreso de homosexuales declarados en la Fuerza Pública (militares y policías).
