El Gobierno argentino alertó hoy de que "hace falta celeridad en la Justicia", luego de que un tribunal anulara la liberación de 17 represores de la dictadura militar tras la reacción indignada de organismos humanitarios y del propio Ejecutivo.
Por su parte, el fiscal Raúl Plee, que fue quien solicitó dejar sin efecto la polémica excarcelación, reconoció que "no hay ningún tipo de disposición" para que los acusados de delitos de lesa humanidad no gocen de ese beneficio.
"La cuestión de fondo a definir es que hace falta celeridad en la Justicia para que la gente no tenga la percepción que tiene hoy, de que cualquiera entra por una puerta y sale por otra", sostuvo el jefe del gabinete argentino, Sergio Massa.
En declaraciones a la radio local Mitre, el funcionario criticó la orden de liberar al ex marino Alfredo Astiz y otros 16 procesados por delitos de lesa humanidad dictada el pasado jueves por la Cámara Nacional de Casación Penal, que 24 horas después anuló el polémico fallo.
El máximo tribunal penal del país dio marcha atrás a raíz de un planteo del fiscal Plee, quien pidió la suspensión de la resolución del jueves y tiene previsto presentar un recurso contra la liberación de los represores.
Además, este viernes el Gobierno anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema de Justicia la orden de excarcelación e impulsar un juicio político de los magistrados que dictaron el fallo.
La decisión de liberar a los represores "fue un retroceso. A veces la chicana (artimaña) de los letrados tiene más éxito que en definitiva la cuestión de fondo a resolver", consideró Massa.
El jefe de gabinete evaluó que "lo más grave es que hace tres años que no se pone fecha al juicio" por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó de 1976 a 1983.
"Es evidente que la demora termina impactando de manera negativa en la necesidad de dar justicia por parte del Poder Judicial", remarcó.
La excarcelación de Astiz y otros 16 represores que actuaron en la ESMA fue dispuesta luego de que vencieran los plazos legales para mantener en prisión preventiva a una persona sin sentencia firme.
El fiscal Plee dijo que pretende que la Corte Suprema "ponga las cosas en su lugar, lo que significa dejar en prisión a estas personas".
"A nuestro criterio, las características del delito de lesa humanidad lo transforman en algo especial, por lo aberrante de estos delitos y las características de sus autores, entre quienes existe un mayor riesgo de fuga", declaró a radio Mitre.
Sin embargo, Plee admitió que "en realidad no hay ningún tipo de disposición que establezca que los delitos de lesa humanidad tengan un tratamiento distinto y que los procesados deban no gozar de algunos derechos de los que sí gozan los acusados de otros delitos".
Al enterarse del fallo del jueves, la presidenta del país, Cristina Fernández, lo consideró una "vergüenza", además de sostener que es "difícil de entender" y "producto de cierta perversidad" del sistema judicial.
La resolución judicial también causó indignación en los organismos de derechos humanos, que antes de la suspensión del fallo protestaron frente a la sede de los tribunales federales de Buenos Aires.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la "guerra sucia", aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000 y se calcula que unos 5.000 detenidos pasaron por la cárcel clandestina montada en la ESMA.
El ex capitán de fragata Astiz es considerado uno de los más siniestros emblemas de la dictadura y ha sido requerido por jueces de España, Francia, Suecia e Italia.
