El Gobierno de Evo Morales anunció hoy que extremará las acciones para lograr el retorno al país de las ex autoridades bolivianas investigadas y procesadas por diferentes motivos y que han huido al extranjero.
El ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, dijo a los medios que el Ejecutivo boliviano va a "extremar los recursos" para que estos antiguos funcionarios "enfrenten a las autoridades bolivianas".
La autoridad se refirió así a los casos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y siete de sus ministros, así como al del ex candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa, entre otros, que han salido del país denunciando una "persecución política" por parte del Gobierno.
Desde 2006, según la prensa boliviana, un centenar de opositores que enfrentan diversos procesos judiciales, promovidos en su mayoría por el oficialismo, ha abandonado el país con el argumento de que no tendrán un juicio justo en Bolivia.
Varios de ellos han encontrado refugio y asilo político en Perú, lo cual ha generado el enojo de Morales e incrementado la tensión que existe con el Gobierno del mandatario de ese país, Alan García.
El caso más reciente fue el de Guillermo Fortún, quien es investigado por su supuesta responsabilidad en la malversación de 18 millones de bolivianos (unos 2,5 millones de dólares) cuando fue ministro del Interior durante la gestión presidencial de Hugo Bánzer (1997-2001).
Fortún se "autoexilió" el mes pasado, alegando ser víctima de una presunta persecución de parte del Gobierno Morales y, tras pasar por Chile, viajó a Perú.
Llorenti señaló hoy que el Ejecutivo realizará "todas las acciones legales para garantizar que, no sólo Fortún, sino todos los citados o perseguidos por la Justicia estén en el país".
"Tenemos varios de estos casos de fugas a distintos países. Y esperamos que, en el marco de la reciprocidad y de la cooperación internacional, estos Estados entreguen a estas personas a las autoridades bolivianas", sostuvo.
Agregó que incluso existe la posibilidad de que los acusados puedan ser deportados sin necesidad de realizar un trámite de extradición "para que las autoridades bolivianas puedan proceder en el marco de la ley".
