El Gobierno de Evo Morales negó hoy tener implicación en un supuesto intento de agentes de Bolivia de secuestrar en territorio brasileño a un opositor acusado de participar en una masacre en la región fronteriza de Pando.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aseguró que es "completamente falso" que agentes bolivianos ingresaran a Brasil desde Pando (norte) con ese propósito, afirmó hoy a Efe una fuente oficial del Ministerio de Gobierno (Interior).
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo a los medios locales que como Gobierno no han pedido a Brasil entregar a nadie y esas denuncias deben investigarse.
La prensa boliviana se hace eco hoy de informaciones aparecidas en Brasil, según las cuales, cinco supuestos "mercenarios al servicio del Gobierno" intentaron secuestrar en su refugio brasileño al ex director del Servicio Departamental de Caminos de Pando, Julio Villalobos.
El ex funcionario departamental huyó a la ciudad brasileña de Epitazolandia, separada por un puente binacional de Cobija, capital de Pando, después de que el Gobierno de Morales decretara el estado de sitio en la región por la intensidad de la violencia que se había desatado por protestas opositoras.
En los choques de Pando murieron 20 campesinos seguidores del Gobierno y dos funcionarios departamentales, afines a la oposición autonomista.
Esos actos fueron los más graves dentro de la ola de violencia que se desató entre agosto y septiembre entre autonomistas contrarios a Morales y los partidarios del mandatario.
La semana pasada, la comisión enviada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentó un informe, en el que calificó los hechos de "matanza planificada" de campesinos afines al oficialismo.
El documento de Unasur, que ha sido cuestionado por la oposición por su supuesta parcialidad, señala que en Pando hubo un "crimen de lesa humanidad" y que los culpables respondían "a una cadena de mando que contaba con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de una empresa criminal".
La Organización de Naciones Unidas tiene previsto presentar su propio informe sobre esos sucesos que, a su juicio, fueron "una violación masiva de los derechos humanos", según la representante en Bolivia de ese organismo, la japonesa Yoriko Yasukawa.
