El Gobierno chileno apelará el dictamen de un magistrado de la Corte Suprema contrario a reabrir la investigación sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, la abogada Rossy Lama, confirmó a Efe que mañana, jueves, se presentará la apelación al dictamen del magistrado Héctor Carreño, que será la primera acción del Ejecutivo del derechista Sebastián Piñera respecto a los atropellos del régimen militar.
"Jurídicamente nos corresponde apelar la decisión del magistrado, tenemos un mandato legal que nos obliga a ir adelante", aseveró en declaraciones a Efe.
"Nuestra obligación es buscar verdad y justicia, no nos podemos quedar con los brazos cruzados", agregó la responsable del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.
El año pasado, el entonces subsecretario chileno del Interior, Patricio Rosende, solicitó que se reabriera la investigación, petición que el juez Carreño desestimó este martes.
El diplomático español Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Rossy comunicó hoy la decisión del Gobierno a Carmen Soria, hija del diplomático, quien, según dijo, se mostró "muy agradecida y contenta por el apoyo".
Carmen Soria había anunciado este martes que pensaba recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia chilena a reabrir el caso.
Según consta en el proceso, el asesinato de Soria fue cometido por la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.
Las Naciones Unidas pidieron entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 el caso fue sobreseído como "homicidio por terceros no habidos".
Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero, tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, fue archivado en 1996. Las sucesivas demandas de reapertura presentadas por la familia fueron desestimadas por la Corte Suprema.
El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003 merced a una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado chileno se hizo parte. Sin embargo, en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura.
