El Gobierno chileno calificó hoy de "grave" el caso de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) presuntamente involucrados en una red de contrabando de artículos piratas.
La jueza del ministerio Público Mercedes Ortega determinó que el ex subjefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), Edgardo Bastidas, y el ex funcionario de la PDI, Fernando Torres, quedaran en prisión preventiva, tras ser formalizados este martes por los delitos de cohecho, violación de secreto y soborno.
Tanto Bastidas como Torres quedaron privados de libertad y fueron trasladados hasta la sección policial del penal Santiago, mientras la jueza estableció un plazo de tres meses para la investigación del caso.
"Nos parece grave que a funcionarios a quienes les hemos confiado todos nosotros la responsabilidad de cuidarnos de la delincuencia, puedan involucrarse en un delito", sostuvo el ministro del Interior en funciones, Patricio Rosende, quien subrayó que a "las manzanas podridas hay que sacarlas del cajón".
El pasado 18 de octubre el Gobierno chileno confirmó la detención de once detectives y ocho funcionarios del Poder Judicial involucrados en una red de corrupción que ayudó a unos 150 violadores, asaltantes, homicidas y narcotraficantes a recuperar su libertad o atenuar sus condenas.
De acuerdo a las investigaciones, la encargada de dirigir la organización criminal era la funcionaria del vigésimo tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Margarita Cuadros Aedo, quien fue miembro de la PDI entre 1974 y 1980 y que aparece en todos los casos detectados por la fiscal Nancy González.
El pasado 12 de enero, la misma fiscal detectó una nueva red formada por funcionarios públicos y judiciales, civiles y abogados que presuntamente estaban vinculados a la falsificación de resoluciones de la quinta y séptima salas del tribunal de alzada.
