El Gobierno chileno anunció hoy que investigará la denuncia de un nuevo caso de una persona catalogada al parecer erróneamente como detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El caso, difundido por un canal de televisión local, implica a Gustavo Edmundo Soto Peredo, quien aparece como víctima en el Informe Rettig, donde se especifica que fue detenido el 13 de septiembre de 1973.
Sin embargo, su certificado de defunción señala como fecha de su muerte el 18 de agosto de 1973, producto de una herida penetrante en el tórax con perforación del corazón.
"Se va a verificar la información, se va a investigar, como todas las denuncias que se hagan", anunció el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien añadió que "en el caso de que haya antecedentes graves, se pondrán en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y eventualmente de la justicia".
En la misma línea se expresó el portavoz en funciones del Gobierno, Neftalí Carabantes, quien afirmó que el Ejecutivo se impondrá un plazo de una semana para determinar la veracidad de la denuncia.
"Hasta este minuto no hay ninguna denuncia formal al respecto, de algún familiar o tercera persona, que tengamos sobre la mesa. Por lo tanto es una versión periodística, pero sin perjuicio de ello estamos ya iniciando un proceso de investigación", anticipó.
Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno en funciones, Patricio Rosende, aclaró que no había "ninguna denuncia formal ni seria respecto a este caso" y descartó que las autoridades vayan a abrir una investigación de todos los casos de detenidos desaparecidos.
De confirmarse la falsedad, Gustavo Edmundo Soto Peredo se convertiría en la sexta persona identificadas erróneamente como detenida desaparecida, tras la detección, esta misma semana, de un quinto caso que se está investigando.
Al respecto, el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, defendió la labor de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida comúnmente como Comisión Rettig, un organismo creado tras el restablecimiento de la democracia y que documentó las muertes y desapariciones durante la dictadura (1973-1990).
Los casos de falsos detenidos desaparecidos detectados hasta ahora son "marginales" y "no afectan la verdad histórica", puntualizó el ministro, en declaraciones a periodistas.
"Hay que tener en cuenta que las víctimas (que aparecen en el informe) de la Comisión Rettig son más de tres mil y los detenidos desaparecidos más de mil. Pueden haber casos marginales en los que haya habido algún error, hay que recordar que en esa época hubo una represión masiva por muchos años", argumentó Viera- Gallo.
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, denunció hoy el uso político que se ha hecho a raíz de los casos de falsos detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1990) que se han destapado en los últimos meses.
"Me parece raro que todos los casos erróneos de detenidos desaparecidos empiecen a aparecer todos en este momento", declaró a Radio Cooperativa la activista de derechos humanos, quien se mostró convencida de que "hay un uso político del tema".
García acusó a partidos políticos de estar detrás de las denuncias y criticó el papel de algunos medios de comunicación, que, a su juicio, siembran la duda sobre la veracidad de otros casos de personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Hay medios de comunicación que se prestan para la búsqueda de los antecedentes que se ponen frente a la opinión pública, y se ponen de manera tal que van quedando dudas importantes", manifestó.
Mireya García no descartó que existan otros casos de detenidos desaparecidos falsos, pero pidió tratar el tema con cuidado, por el dolor que causa a las familias.
"Esto es un golpe bajo para los verdaderos detenidos desaparecidos, que se ven cuestionados públicamente por estas situaciones que nunca debieron haber existido", lamentó.
