El Gobierno chileno respaldó hoy unas declaraciones de su canciller, Alejandro Foxley, quien comentó que en Perú hay políticos "anclados en el siglo antepasado", a raíz de las objeciones surgidas en Lima sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países.
"Cuando habla el canciller en materia de política exterior, habla el Gobierno", aseguró el portavoz de La Moneda, Francisco Vidal, en referencia a las palabras de Foxley, que hoy fueron consideradas una "expresión infeliz" por el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde.
Según el portavoz, "el canciller Foxley tiene toda la experiencia para determinar cuál es el nivel de sus opiniones, pero sin duda si él las ha dicho y ha opinado sobre este tema tiene el respaldo del Gobierno".
"Lo que puedo decir es que nosotros estamos mirando hacia adelante, al siglo XXI, pero parece que hay políticos en Perú que no logran desprenderse de una mirada volcada en el pasado, y ni siquiera en el siglo pasado, sino en el antepasado", comentó el miércoles el jefe de la diplomacia chilena.
El mismo miércoles, durante una gira por varias regiones, la presidenta Michelle Bachelet coincidió con Foxley en el sentido de que Chile desarrolla sus relaciones exteriores "con una mirada de futuro", aunque la mandataria habló de "todos los países", sin especificar a ninguno.
Mientras, el canciller peruano, en declaraciones desde El Cairo al diario El Comercio de Lima, consideró que el comentario de Foxley es una "expresión infeliz".
"Uno no puede descalificar con una frase una posición en la cual uno no cree. Me parece que es poco afortunada la expresión, nada más", precisó el jefe de la diplomacia peruana.
Agregó que su despacho no tomará ninguna acción formal por los comentarios de Foxley, por considerar que se han dado en el marco de un debate público y "conceptual", y que por lo tanto no constituyen una intromisión en asuntos internos de Perú.
El comentario de Foxley surgió al ser preguntado por la polémica en Perú en torno al TLC, que entró en vigor el pasado 1 de marzo y fue cuestionado formalmente por 34 parlamentarios nacionalistas, que recurrieron al Tribunal Constitucional.
