El Gobierno de Antigua estudia la posibilidad de solicitar al Parlamento autorización para confiscar 600 hectáreas propiedad del multimillonario estadounidense Robert Allen Stanford, acusado de estafa, informó hoy una fuente oficial.
La semana pasada, el Parlamento aprobó una resolución que autoriza al Gobierno de Antigua a confiscar más de 100 hectáreas localizadas al noreste de la isla que son propiedad de Stanford.
El financiero, acusado de orquestar una estafa que ronda los 8.000 millones de dólares, adquirió el terreno después de hacerse con las acciones de Asian Village Antigua Limited, del inversor malayo Dato Tan Kay Hock.
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, señaló que el departamento legal revisa la situación de estos terrenos y comunicará al Gobierno sus conclusiones.
"Estamos esperando sus consejos para tomar las acciones más adecuadas bajo estas circunstancias", acotó el mandatario.
El Fiscal General de Antigua, Justin Simon, apuntó que es demasiado pronto para determinar si el Gobierno llevará este nuevo asunto al Parlamento, como hizo la semana pasada.
Los terrenos han sido motivo de batalla legal entre Dato Tan y el Gobierno de Antigua, que discrepan sobre los impuestos de la propiedad.
"En estos momentos podemos decir que, aunque está registrado (el terreno) bajo Asian Village Antigua Ltd, hay varias cauciones contra la propiedad que permanecerán al menos hasta que el tribunal emita un dictamen", agregó el fiscal.
La confiscación de más de 100 hectáreas de Stanford aprobada la semana pasada en el Parlamento es la primera decisión que toma ese órgano después de su disolución, previa a la celebración de las elecciones generales del próximo 12 de marzo.
El ministro de Finanzas de Antigua, Errol Cort, dijo en días pasados que esta medida de confiscación se volvió necesaria después de que el síndico elegido por Estados Unidos, Ralph Janver, hiciera diversos intentos para intervenir fuera de su jurisdicción.
Señaló al Parlamento que Janver envió cartas a los bancos comerciales pertenecientes a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) en las que les insta a congelar "cualquier cosa que tenga que ver con Stanford".
La Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) de EE.UU. acusó al multimillonario tejano de engañar a miles de inversores con la venta de certificados de depósito con una rentabilidad imposible por valor de 8.000 millones de dólares.
Lo que Stanford montó fue una "gigantesca pirámide financiera", según la SEC, similar a la descubierta en manos de Bernard Madoff en diciembre.
Stanford está en libertad, pero tuvo que entregar su pasaporte a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de EE.UU.
La confiscación de tierras y valores ayudaría a pagar "la masiva deuda a los proveedores locales y sostener el empleo de cerca de 800 empleados en estos tiempos de crisis financiera global", según la propuesta del Gobierno de Antigua.
A finales de febrero, un grupo de auditores comenzó a investigar las cuentas de tres empresas de Stanford en Antigua para confirmar las sospechas del entramado de inversión fraudulento.
El Banco de Antigua, parte del entramado Stanford, fue intervenido por el Banco Central del Caribe Oriental después de la retirada masiva de depósitos por parte de sus clientes.
