El Gobierno chileno se querelló hoy en contra de quienes atacaron a Carabineros durante las manifestaciones ocurridas el pasado viernes durante una marcha que se realizó en el centro de Santiago, tras la aprobación de un megaproyecto eléctrico en la Patagonia.
La demanda por delitos de lesiones, daños a la propiedad, desórdenes graves y alteración del orden público fue presentada por el ministro del Interior en funciones, Rodrigo Ubilla, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La querella también se replicó en otras regiones chilenas donde también hubo alteraciones del orden público.
"El Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público", sostuvo Ubilla.
Unas 40.000 personas protestaron el viernes pasado en Santiago contra HidroAysén, que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, en una marcha que finalizó con disturbios que dejaron 53 detenidos y 10 carabineros heridos.
Aunque la manifestación transcurrió de forma pacífica y con un ambiente festivo, al final un grupo minoritario, muchos de ellos encapuchados, causó destrozos en la vía pública y protagonizó enfrentamientos con Carabineros, que empleó carros lanzaguas y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Ese día, un grupo reducido de carabineros fue arrinconado por una turba que los atacó con palos y proyectiles resultando gravemente herido el suboficial Mauricio Muñoz.
Muñoz, cuando ya estaba en el suelo, fue golpeado con un skate (monopatín), lo que le provocó una fractura en la órbita del ojo derecho y seguramente, en opinión de los médicos, se le deberá injertar una placa metálica en su rostro.
El ministro del Interior dijo este lunes a los periodistas que es de público conocimiento el desborde de grupos organizados que fueron a estas actividades a generar desorden público "y que sobrepasaron las intenciones de los convocantes".
Ubilla recordó que en la sureña localidad de Coyhaique se lanzaron bombas molotov a la Intendencia y que en Biobío, también en el sur de Chile, hubo saqueos y daños.
"Lo mismo ocurrió en Valparaíso, donde además hubo lesionados, mientras en la región metropolitana de Santiago, se registraron el viernes la agresión brutal a carabineros y daños relevantes", subrayó.
El ministro sostuvo que los grupos organizadores tienen que revisar su política y asumir su responsabilidad en los graves sucesos acaecidos durante los actos públicos del fin de semana.
"No puede uno llamar y convocar, para luego, en el momento de los desbordes, señalar que se trata de grupos marginales", sentenció.
Frente a la autorización de nuevas marchas, aseveró que "el Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público".
En tanto, el alcalde Zalaquett afirmó que la manifestación del viernes generó daños, "hasta ahora evaluados en una cifra superior a los 50 millones de pesos (unos 106 mil dólares), sólo en lo que respecta a la propiedad pública".
Zalaquett explicó que la querella es contra todas aquellas personas que están identificadas por imágenes "para que respondan, porque los santiaguinos están cansados de los destrozos ya que llevamos más de 600 manifestaciones en el año, con daños que superan los 500 millones de pesos (un poco más de un millón de dólares)", añadió.
El megaproyecto HidroAysén, ideado en 2006, que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, supondrá una inversión de 3.200 millones de dólares, la inundación de más de 4.000 hectáreas en la zona, un área de gran valor ecológico, y la generación de una media anual de 18.430 gigavatios por hora.
