El Gobierno de Ecuador anunció hoy que reforzará la presencia de militares y policías en la frontera con Colombia con el envío de otros 3.000 soldados para repeler eventuales incursiones de grupos armados irregulares del país vecino.
El ministro de Defensa, Javier Ponce; el de coordinación de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, y el canciller, Fander Falconí, anunciaron en una rueda de prensa conjunta que 3.000 soldados el número de uniformados, entre soldados y policías, en la zona limítrofe llegará a 13.000.
Actualmente, según un documento en el que los ministros presentaron el plan, hay 7.000 militares y 3.000 policías encargados de la seguridad fronteriza en esa zona.
Los miembros de las fuerzas de seguridad estarán distribuidos en 22 destacamentos repartidos en las cinco provincias que forman parte de la zona de frontera: las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, las andinas de Carchi e Imbabura y la costera de Esmeraldas.
Según cifras oficiales, en esa región, que comprende una superficie de 42.251 kilómetros cuadrados y una línea divisoria de unos 720 kilómetros, habitan 1.097.697 personas, el 9 por ciento de la población total del país.
Como medidas inmediatas para reforzar la seguridad, el texto anuncia la construcción de cinco nuevos destacamentos militares y otros diez de la policía, la intensificación de las patrullas por las zonas de frontera.
Asimismo, se procederá al fortalecimiento de las entidades judiciales, un registro sobre la posesión de tierras en la franja fronteriza, la regularización de los refugiados colombianos en la zona, el control a los extranjeros y la articulación de políticas sociales en la región.
El plan destaca como áreas críticas, en materia de seguridad, las cercanas al límite fronterizo y algunas contiguas, particularmente en el norte de la provincia de Esmeraldas.
En el documento se señala que "grupos ilegales armados controlan buena parte de la frontera sur de Colombia con el Ecuador" y que a ambos lados de la divisoria existen grupos violentos que compiten por el control de varias actividades ilegales, como el trafico de armas y de drogas, lo que afecta "la seguridad y paz pública".
Asimismo, indica que en esa zona existen "grupos dedicados a la extorsión y al sometimiento de pobladores, mediante préstamos forzados de dinero" y que en ocasiones se han registrado choques entre dichas bandas por el control de las actividades ilícitas.
