El Gobierno de Guatemala aseguró hoy que no repartirá anticonceptivos a los estudiantes que a partir del próximo año recibirán clases de educación sexual, sino que solo los educarán sobre sexualidad y desarrollo humano.
"No se trata de repartir preservativos ni anticonceptivos a los estudiantes, sino de informarlos y educarlos sobre sexualidad", dijo el ministro guatemalteco de Salud, Ludwig Ovalle, durante un acto oficial organizado por la entrada en vigor de la Ley de Planificación Familiar.
La polémica normativa, rechazada por sectores conservadores de la sociedad, encabezados por la Iglesia Católica, faculta al Estado guatemalteco a impartir clases de educación sexual a los escolares y le obliga a garantizar el suministro de anticonceptivos a nivel nacional.
"No todas las leyes son del agrado de todos, pero nuestra obligación es cumplir con la ley", señaló Ovalle tras instalar oficialmente la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA), integrada por representantes del Gobierno y la sociedad civil.
Según el ministro, la CNAA tendrá como misión "poner a disposición de todos los ciudadanos los métodos anticonceptivos modernos y naturales, para que cada persona elija" el que más le convenga.
La ley, aprobada en 2005 pero cuyo reglamento fue promulgado hace un mes por el Ministerio de Salud, tiene como objetivo "garantizar la salud sexual y reproductiva" de los guatemaltecos.
"A mayor educación sexual, menor cantidad de muertes, embarazos y niños desnutridos", puntualizó el ministro.
La educación sexual que recibirán los niños y adolescentes en los centros de enseñanza, aseguró Ovalle, "no sustituye la responsabilidad de los padres al respecto, sino que la complementa".
Según cifras oficiales, el 13 por ciento de las mujeres que mueren durante el parto son adolescentes, y el 21 por ciento de los partos son prematuros.
Cerca de 25.000 adolescentes quedan embarazadas cada año en el país, y el 28 por ciento de la población infectada con el VIH es menor de 18 años de edad.
El cardenal Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo metropolitano de Guatemala, abanderado de los opositores a esta ley, ha dicho que el Estado no puede ni debe impartir clases de educación sexual a los niños y adolescentes, porque esa función es una responsabilidad de los padres.
La ley, dijo el domingo Quezada a periodistas, además de "fomentar la promiscuidad", "provocará un incremento en los abortos" y "será un buen negocio" para las empresas dedicadas a la venta de anticonceptivos.
Las autoridades tiene programado comenzar a partir de enero de 2010 con las clases de educación sexual en los centros educativos públicos y privados del país, y de forma paulatina, a partir de diciembre próximo, la dotación de anticonceptivos y campañas informativas sobre éstos a nivel nacional por parte de la CNAA.