El Gobierno de Evo Morales prevé demandar a otros dos prefectos (gobernadores) opositores por haber causado supuestos daños económicos al Estado al celebrar en 2008 referendos sobre sus estatutos de autonomía que el Ejecutivo considera ilegales, informó hoy una fuente oficial.
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció en entrevista con el canal estatal que su oficina prepara las demandas en contra de los prefectos de Tarija (sur), Mario Cossío, y de Beni (noreste), Ernesto Suárez, acusándolos ante la Fiscalía por un uso indebido de recursos estatales en las consultas autonómicas.
"Estamos valorando, evaluando y recolectando toda la documentación, aún tenemos que completar alguna documentación para también hacer las correspondientes denuncias", dijo Suxo.
Las regiones amazónicas de Beni y Pando realizaron el 1 de junio de 2008 una consulta para aprobar o rechazar sus estatutos autonómicos, mientras que la sureña Tarija lo hizo 21 días después.
Suxo indicó que, una vez que complete los documentos y pruebas necesarios, denunciará a Cossío y Suárez ante el Ministerio Público, como lo hizo la semana pasada con el también opositor Rubén Costas, gobernador de la región oriental de Santa Cruz.
Costas, uno de los principales opositores al Gobierno de Morales, fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según Suxo, el prefecto cruceño presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) con la convocatoria al referendo autonómico celebrado el 4 de mayo de 2008, sin autorización del Congreso ni del órgano electoral, y cuyos resultados fueron desconocidos por el Ejecutivo.
El prefecto Costas, quien buscará su reelección en las elecciones regionales del 4 de abril de 2010, ha denunciado que el Gobierno de Morales ejerce una "persecución política" en su contra para evitar que se postule a los comicios del próximo año.
La ministra negó hoy que las investigaciones que realiza su oficina se traten de una "persecución" en contra de los opositores a Morales y emplazó a los gobernadores a defenderse "jurídicamente" de estas demandas.
"El ministerio de Lucha contra la Corrupción se ha caracterizado por presentar denuncias con documentación fehaciente, nos hemos caracterizado por hacer denuncias serias, jurídicas y muy preparadas desde el punto de vista técnico. Aquí no tiene nada que ver la persecución política", aseguró.
La Fiscalía boliviana también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos.
Además, la Contraloría General de Bolivia está juzgando a las autoridades prefecturales y electorales de Beni, Pando y Tarija por el uso indebido de recursos económicos en las consultas efectuadas en 2008.
Por otra parte, la ministra Suxo anticipó que también será demandado por la misma causa el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que se presentó como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del pasado 6 de diciembre en las que Morales fue reelegido con una amplia mayoría.
Fernández está detenido en una cárcel de La Paz desde septiembre de 2008 por su presunta responsabilidad en la masacre de campesinos en su región y a la espera de juicio.
