El Gobierno de Evo Morales confirmó hoy que avanza en una reforma para que el Estado boliviano vuelva a controlar el sistema de pensiones, que actualmente está en manos de dos gestoras, una de España y otra de Suiza.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dijo en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno que el Estado controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto con gestión estatal y privada, como inicialmente se había proyectado.
En la actualidad hay 1,2 millones de personas que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) "Previsión", del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España, y "Futuro", del grupo Zúrich Financial Service, de Suiza.
Las dos controlan el sistema de pensiones desde 1996 y han acumulado alrededor de 2.000 millones de dólares en aportes de los trabajadores, de los cuales una parte está depositada en los bancos y otra ha sido invertida en bonos del Estado.
García Linera explicó que la Constitución promulgada en 2009 establece que el sistema de pensiones sólo puede ser administrado por el Estado y que, para evitar casos de corrupción con los recursos, se pondrán "candados" en las normas que eviten su mal uso.
Aseguró también que el Gobierno será respetuoso con los ahorros individuales de los trabajadores acumulados hasta ahora en las AFP.
Otra de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Este es uno de los acuerdos alcanzados el martes por el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que hizo posible la suspensión de huelgas y marchas de protesta que lideraba esa organización.
Según el vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el "más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo", propio de un "Estado de bienestar" y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse "Estado del buen vivir".
Destacó que los aportes económicos patronales y laborales harán "sostenible" la jubilación a los 58 años para los trabajadores, en rechazo a las criticas de analistas que advierten riesgos sobre el sistema con la ampliación del universo de jubilados.
Asimismo, aseguró que el nuevo régimen de pensiones contará con aportes del Estado y será aplicable a los trabajadores del campo, comerciantes y transportistas, además de los asalariados.
El Gobierno remitirá en las próximas semanas al Legislativo, que preside el mismo García Linera, un "proyecto de ley de pensiones totalmente favorable a la clase trabajadora", apuntó.
