El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy que su Gobierno impulsará reformas en el Código Penal para endurecer las sanciones a los jueces que no cumplan con la ley y los artículos que se refieren a las detenciones preventivas.
Tras reunirse en La Paz con el presidente del Congreso, Álvaro García Linera, y la nueva presidenta interina de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, entre otros altos funcionarios, Morales indicó que estas reformas se acordaron en "un primer trabajo histórico" de coordinación con los poderes Legislativo y Judicial.
Para Morales, las modificaciones legislativas acordadas servirán "para mejorar el servicio al pueblo boliviano" y atajar los problemas de seguridad y corrupción del país.
El mandatario indicó que la primera reforma del Código de Penal supondrá "un plan de contingencia inmediata relacionado al tema de prevención y sanción a la delincuencia" en los artículos que tienen que ver con las detenciones preventivas.
"Esta reforma debe estar orientada a impedir que no salgan los delincuentes con facilidad de las cárceles", afirmó.
La segunda modificación, que afecta también a la ley del Ministerio Público y del Consejo de Judicatura, pretende "fortalecer el régimen disciplinario" en el órgano judicial.
Según Morales, esta ley pretende "endurecer sanciones a jueces y fiscales que no cumplen con las normas y no hacen justicia con el pueblo boliviano".
En la reunión, a la que también asistieron el Fiscal General, Mario Uribe, el presidente del Tribunal Agrario, Luis Arratia, y el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, y varios ministros de Morales, se acordaron además otros aspectos para fortalecer la justicia y endurecer la lucha contra la corrupción.
Concretamente, los representantes de los tres poderes presentes en el encuentro acordaron analizar medidas para combatir la ralentización de la justicia, facilitar el acceso a la misma y cubrir las acefalías de algunos órganos judiciales del país.
La presidenta interina de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, se mostró "muy satisfecha" con los resultados de la reunión de coordinación, en la que, señaló, se tocaron "temas de bastante urgencia y muy importantes para el país".
Morales, su Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), han criticado en numerosas ocasiones al poder judicial boliviano por su presunta ineficacia y parcialidad en sus decisiones.
En mayo pasado el MAS usó su mayoría en el Congreso para aprobar la suspensión del entonces presidente de ese tribunal, Eddy Fernández, por su presunta responsabilidad en el retraso en el enjuiciamiento por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
