El Gobierno del presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, que asumirá este sábado, prometió hoy colaborar con la justicia para que se conozca la verdad y sean castigadas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.
"Queremos contribuir con la justicia colombiana para que se conozca la verdad. Es urgente que todas las investigaciones de fiscales y jueces concluyan en sentencias", dijo a los periodistas el vicepresidente de Santos, el ex sindicalista Angelino Garzón.
Prometió además que el nuevo Gobierno va a "trabajar mucho" para que en todos los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario "se conozca la verdad".
Según Garzón, que desde la Vicepresidencia será el responsable gubernamental de garantizar la protección de los derechos humanos en Colombia, "el servidor público o la persona de la sociedad civil que esté involucrada en una actividad ilegal" debe ser "sancionado".
Precisamente hoy, Amnistía Internacional (AI) pidió al nuevo Gobierno de Colombia que luche contra la impunidad y haga lo necesario para que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante los tribunales.
En un comunicado difundido en Londres, AI instó al Ejecutivo que presidirá Santos desde el sábado a desmarcarse "de la hostilidad que mostraba el Gobierno saliente hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, y poner fin a la cultura de impunidad".
Marcelo Pollack, investigador de AI sobre Colombia, declaró que "es necesario que se adopten medidas urgentes para poner fin a los homicidios y amenazas contra testigos, abogados, jueces, defensores de derechos humanos y fiscales".
Esta ONG también solicitó al nuevo Gobierno que no menoscabe la capacidad de los tribunales civiles para investigar a miembros de las fuerzas de seguridad, en referencia a los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas en el país.
Esos casos se conocen como "falsos positivos" e involucran a miliares acusados de asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y obtener así beneficios de sus superiores.
Según Caracol Radio y RCN Radio, hoy fueron detenidos en las ciudades de Pasto y Neiva (suroeste), y en Villavicencio (centro) 13 soldados y dos altos oficiales por su presunta responsabilidad en la muerte entre 2007 y 2009 de 17 civiles que fueron presentados como ilegales muertos en combate.
La Fiscalía General de la Nación dará a conocer en las próximas horas más detalles de este operativo, detalló RCN Radio.
