El Gobierno de Costa Rica anunció hoy que dejará en manos de los tribunales el futuro de una polémica mina de oro a cielo abierto, en momentos en que un grupo de ambientalistas cumple una semana en huelga de hambre contra ese proyecto.
El ministro de Ambiente de Costa Rica, Teófilo De la Torre, declaró hoy a Efe que el Gobierno no puede anular unilateralmente el contrato con la empresa minera Industrias Infinito, de la casa matriz canadiense Vanessa Ventures, cuya legalidad la decidirá el Tribunal Contencioso Administrativo en un juicio que está en curso.
"Mientras los dueños de la operación de (la mina) Las Crucitas respeten el ordenamiento jurídico no debemos rescindir unilateralmente un contrato de este tipo", afirmó De la Torre.
La mina, ubicada en la zona norte del país, pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
El ministro agregó que "el Gobierno tiene la obligación de respetar los contratos" para evitar "una situación financiera difícil" como una posible indemnización a la compañía.
El Tribunal Contencioso Administrativo "próximamente dará un veredicto y ese es el que el Gobierno costarricense respetará", expresó De la Torre.
El funcionario afirmó que el Gobierno ha dirigido sus políticas "hacia un país más verde" y citó como ejemplo el decreto firmado por la presidenta Laura Chinchilla que estableció una moratoria a la minería de metales pesados a cielo abierto, el cual no incluyó a Las Crucitas.
Un grupo de ocho ambientalistas cumple hoy una semana en huelga de hambre frente a la Casa Presidencial como protesta contra la mina, y para "sensibilizar" a Chinchilla para que derogue un decreto de "conveniencia nacional" del proyecto firmado en 2008 por el anterior gobernante, Óscar Arias.
Ese convenio agilizó una serie de trámites para la construcción de la mina, pero actualmente las obras están paralizadas por estar en curso el juicio.
Uno de los ambientalistas en huelga de hambre, David Rojas, envió una carta a la presidenta Chinchilla ayer en la que calificó como una "irresponsabilidad política" los permisos a la mina.
"Nuestra demanda no es una demanda de tipo jurídica, sino más bien ética y de responsabilidad política", afirmó.
Los ecologistas aseguran que la mina provocará daños al ambiente como la destrucción de hábitats de especies en peligro de extinción, y han denunciado que existe el riesgo de contaminación de mantos acuíferos y suelos con cianuro utilizado para extraer oro de las rocas.
La empresa asegura que ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas de una "minería verde".
