El Gobierno de Uruguay informó hoy de la existencia de al menos dos casos nuevos de corrupción en el seno de la Armada relacionados con las compras falsas de material, un paso más en un escándalo que no ha cesado de crecer desde que se hicieron públicas las primeras denuncias hace un mes.
En una multitudinaria rueda de prensa, el ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, señaló a los medios que investigaciones internas del Ministerio habían detectado al menos dos nuevas maniobras fraudulentas por un valor de 300.000 dólares.
Rosadilla hizo estas declaraciones a los medios tras comparecer ante la Comisión de Defensa del Parlamento y el Senado uruguayos, donde explicó cuál es la situación de las pesquisas sobre los casos de corrupción en la Armada.
El descubrimiento, hace un mes, de la existencia de una red de compras falsas de material a gran escala y de numerosas irregularidades de todo tipo en el seno de la Armada fue posible tras una denuncia anónima.
El escándalo ya se cobró la renuncia del comandante en jefe de la Armada, el almirante Óscar Debali, quien dimitió tras conocer que su sobrino, también militar, estaba implicado en un caso de robo de material, así como la retirada fulminante del servicio de varios altos oficiales y el procesamiento de al menos dos marinos.
Además, a principios de esta semana la fiscalía también pidió a la jueza que investiga el caso el procesamiento por fraude del antiguo jefe de la Armada, el almirante Juan Fernández (2006-2010) y de otros cuatro oficiales del cuerpo.
El almirante y los oficiales están acusados de participar en una estafa millonaria, según la cual la Armada habría adquirido una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por más de 600.000 dólares a empresas y proveedores inexistentes.
Fuentes de la fiscalía denunciaron que estas estafas podrían haber ascendido a los 7 millones de dólares.
Las nuevas maniobras descubiertas, de las que no se informó el nombre de los implicados, habrían seguido ese mismo sistema.
Según dijo Rosadilla, las indagaciones internas realizadas por su ministerio han constatado que esta maniobra fue "en todos sus pasos irregular y delictiva" e informó que todo el material está ahora en manos de la Justicia.
"Todo puede suceder ahora. Sólo los procesos judiciales determinarán las responsabilidades", dijo.
Aún así, el ministro apuntó que, como medida de precaución y con la aprobación de los partidos de la oposición, todos los oficiales de las Fuerzas Armadas de todas las ramas "sensibles" a la corrupción, como gestión, compras o licitaciones, serán removidos de sus puestos y enviados a otros destinos.
Además, el ministerio también decidió eliminar ciertas prácticas establecidas en la Armada, como el reparto de combustible a los oficiales, que si bien no eran ilegales y se hacían con conocimiento público, "no se justifican" en este momento.
Todos los partidos de la oposición han apoyado las medidas adoptadas por Rosadilla desde que se desató el escándalo, dijo a los medios el diputado del Partido Nacional Javier García, miembro de la Comisión de Defensa.
"En el sistema político uruguayo sólo hay una disposición para apoyar la investigación y de sancionar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan actos de corrupción. Hay unidad y no hay fisuras en este aspecto", concluyó el diputado.
