El Gobierno de Panamá negó hoy estar detrás de la decisión de la Procuraduría General de rescindir un contrato con la empresa boliviana Consultora Internacional Multidisciplinaria Aguilar y Asociados, después de que uno de sus consultores denunciara la situación de la justicia en este país.
La vocera presidencial, Judy Meana, salió al paso a las críticas hechas por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la embajada de Bolivia en Panamá, después de que el procurador suplente Giuseppe Bonissi decidiera desconocer un contrato adjudicado en 2009 a Aguilar y Asociados por considerar que las sumas pactadas estaban "infladas".
Magali Castillo, directora de la ONG panameña Alianza Ciudadana Pro Justicia y contratada en el marco de un programa de Protección de Víctimas y Testigos por la firma boliviana, denunció la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la supuesta falta de independencia de la justicia en Panamá.
"El simple hecho que un diario cuestione una asesoría de una representante de la sociedad civil no significa que el Gobierno está detrás de la publicación", dijo la portavoz gubernamental a través de un comunicado en alusión a una información aparecida en la prensa local en la que se hacía mención a los honorarios de Castillo.
Agregó que Castillo debiera aclarar "como miembro de la sociedad civil su asesoría de 10.400 dólares" incluida en la propuesta de la consultora boliviana que aceptó la procuradora general, Ana Matilde Gómez, separada del cargo este año por supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Por su parte, el embajador de Bolivia en Panamá, Edgar Marcial Soliz, declaró a la prensa local que agotará las vías diplomáticas hasta que se reconozca el contrato, luego de recibir un pedido de la consultora para intervenir en el conflicto.
Además, Soliz apeló a que se respeten los acuerdos de cooperación para la protección de las inversiones, que firmaron Panamá y Bolivia en 2008.
Castillo encabezó el pasado día 23 en una audiencia temática ante la CIDH una presentación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Debido Proceso sobre los problemas en el sistema de justicia panameño.
La consultora Standard&Poors advirtió recientemente al Gobierno de Panamá de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en las contrataciones públicas.
La decisión de Bonissi paralizó el programa de Protección de Víctimas y Testigos para el cual se había programado la consultoría, que tenía una asignación de 250.000 dólares por un periodo de siete meses y estaba respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
