El Gobierno panameño anunció hoy que nombró como procurador general suplente al abogado Giuseppe Bonissi, en momentos en que la titular, Ana Matilde Gómez, fue separada temporalmente del cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ser investigada judicialmente.
La Secretaría de Comunicación del Estado señaló en un comunicado que el Gobierno designó a Bonissi tomando en cuenta que la separación de Gómez será efectiva durante el tiempo que dure el proceso judicial que le sigue la Procuraduría de la Administración.
La entidad destacó que la Constitución establece que corresponde al Consejo de Gabinete acordar con el presidente el nombramiento del suplente de la Procuradora General, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional.
Bonissi es un experto en litigios en asuntos administrativos, gubernamentales, tribunales civiles, comerciales y penales, y trabajó como investigador de la antigua secretaría de drogas del Ministerio Público (MP).
El secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto, dijo a Efe que la designación de Bonissi, de 48 años, "es un anuncio que hace el Gobierno que debe pasar por el trámite" de aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento.
Prieto no quiso referirse a si esto entra en contradicción con el anuncio hecho hoy por Gómez en el sentido de que ha nombrado como su reemplazo temporal al fiscal auxiliar Luis Martínez, que ocupará el cargo cuando notifiquen a la jefa del MP de su separación.
"No quiero entrar en esa discusión (...) nosotros estamos nombrando un Procurador suplente, que lo permite la Constitución y la Ley, nada más", subrayó.
La CSJ suspendió hoy temporalmente del cargo a Gómez para que sea investigada por la Procuraduría General de la Administración por las acusaciones de extralimitación de funciones y otros delitos en su contra.
La Procuraduría de la Administración es una entidad encargada de velar por el ejercicio legal de las funciones de los cargos públicos, mientras que la Procuraduría General es una figura similar a la de la Fiscalía General.
Los cargos contra Gómez surgieron después de que el ex fiscal Arquímedes Sáez presentara en julio de 2009 una querella acusándola de extralimitación de funciones y abuso de autoridad por interceptar sin autorización judicial su teléfono en una investigación que se le seguía por supuestamente recibir un soborno en 2007.
