El Gobierno panameño y líderes de la etnia Ngäbe Buglé retomaron hoy las negociaciones para regular la explotación de los recursos hídricos en los territorios indígenas, tras diez días de pausa y bajo el llamado a evitar un "diálogo de sordos" por parte de la Iglesia católica, mediadora en el conflicto.
Los indígenas exigen la prohibición de hidroeléctricas en sus territorios y áreas anexas, lo que el Gobierno rechaza por considerar que va contra el desarrollo nacional.
Los representantes del Ejecutivo del presidente Ricardo Martinelli y de los indígenas, encabezados por la cacica Silvia Carrera, se sentaron poco después del mediodía en la mesa de diálogo instalada en la Asamblea Nacional.
En las afueras de la sede legislativa, grupos de indígenas se mantenían en vigilia, mientras que al menos en un punto del occidente del país otro conjunto de aborígenes se apostaba cerca de la vía Interamericana, la principal del país y que ya obstruyeron a principios de este mes.
"El pueblo (Ngäbe Buglé) está esperando la respuesta", declaró a la televisión local Toribio García, uno de los manifestantes en la zona de Viguí, a casi 400 kilómetros de la capital panameña, y uno de los accesos a la Comarca Ngäbe Buglé.
Las negociaciones entre las partes comenzaron el pasado día 7, luego de casi una semana de bloqueo indígena a un sector de la carretera Interamericana que dejó atrapados a miles de personas y fue despejado tras violentos choques con la policía que dejaron oficialmente dos manifestantes muertos y cientos de heridos, incluidos agentes del orden, y de detenidos.
El reinicio del diálogo estuvo precedido por un llamamiento del mediador, el obispo de la ciudad occidental de David, José Luis Lacunza.
Por su parte, Martinelli, expresó ayer en un comunicado que espera que "del diálogo surjan fórmulas que preserven y protejan los recursos naturales, sin afectar el desarrollo del país", mientras que la cacica llamó a los habitantes de la comarca a "no bloquear las vías" para presionar al Gobierno.
En la mesa de negociaciones, los indígenas ya obtuvieron el compromiso del Gobierno de prohibir por ley la explotación minera en la comarca y áreas adyacentes.
En cuanto a las hidroeléctricas, el Ejecutivo sostiene la propuesta de que cualquier solicitud de desarrollo hídrico en los territorios indígenas y áreas adyacentes sea consultado y aprobado previamente por las autoridades tradicionales.
