El Gobierno paraguayo retiró hoy del Senado un controvertido proyecto de ley que incorpora al Código Penal penas para delitos relacionados con el terrorismo, tras la protesta de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
El senador oficialista Carlos Filizzola avaló la decisión del jefe de Estado, Fernando Lugo, y consideró que la iniciativa puede convertirse en "cheque en blanco a cualquier juez para interpretar que hay algún deseo de generar violencia".
"Son tres artículos que tienen que ver con el terrorismo. El tema ya fue discutido cuando se hizo la reforma del Código Penal, en el período (legislativo) anterior", dijo a periodistas Filizzola, del minoritario Partido Democrático Popular (PDP), de izquierda.
Por su parte, el senador opositor Marcelo Duarte, del Partido Patria Querida (PPQ), también minoritario, pero de derecha, criticó la decisión presidencial al señalar que el "Anteproyecto de Ley de Modificación del Código Penal Paraguayo" fue urgido la semana pasada por el propio Ejecutivo.
"Esta ley maneja no solo el terrorismo sino su financiación como el lavado de dinero y otros hechos punibles", indicó Duarte, quien sostuvo que Paraguay es uno de los pocos países de Suramérica que no cuenta con una normativa especial en esa área.
Por ello, advirtió de que "entraría en una suerte de lista negra de países no confiables ni para las inversiones ni para el crédito, porque el dinero puede, a criterio de organismos internacionales, ser utilizado para operaciones de financiación del terrorismo".
El legislador se refirió a la revisión que en febrero de cada año realizan tanto Estados Unidos como organismos especializados de las Naciones Unidas de los países que cooperan en la lucha contra el terrorismo o de delitos conexos.
La decisión de Lugo se produce un día después de que organizaciones sociales y de derechos humanos se pronunciaran nuevamente contra la iniciativa al argumentar que "la definición del crimen de terrorismo en el proyecto de ley infringe el principio de legalidad penal".
Representantes del Gobierno de EE.UU. y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han abogado por una ley antiterrorista ante la sospecha de que en la Triple Frontera, que incluye la paraguaya Ciudad del Este, la brasileña Foz do Iguazú y la argentina Puerto Iguazú, y alberga una importante comunidad de comerciantes árabes, se financian a grupos fundamentalistas islámicos.
