El Gobierno de Ecuador pedirá a Estados Unidos la devolución de uno de sus ciudadanos, condenado a pena de muerte en ese país, y la nulidad del proceso judicial que lo condenó, por considerar que su extradición fue "ilegal".
Los ministros de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante, y de Justicia, Gustavo Jalkh, informaron hoy en una rueda de prensa que el Gobierno pedirá la devolución de Nelson Serrano, que en junio de 2007 fue condenado a muerte por el crimen de cuatro personas en Florida.
Adujeron que su proceso, por el que fue extraditado en 2002 a Estados Unidos, fue "inconstitucional e ilegal", en palabras de Bustamante.
Serrano es el primer ecuatoriano condenado a muerte en EE.UU. tras ser considerado culpable por un jurado del homicidio de su socio y otras tres personas en 1997, en un proceso en el que sus defensores han considerado que hubo irregularidades.
Según explicó Bustamante, después de una investigación por parte de los dos ministerios se concluyó que en el proceso de deportación de Serrano "se violó el debido proceso" y que su extradición fue "inconstitucional, ilegal y arbitraria".
Ante esas evidencias, Ecuador determinó declarar la nulidad del proceso de deportación que implicaría asimismo la anulación de todo el proceso judicial de EE.UU.
"Solicitaremos a Estados Unidos la inmediata devolución" de Serrano, afirmó Bustamante, e informó de que se investigan otros procesos de deportación de ecuatorianos al exterior.
Además, el ministro de Gobierno indicó que se abrirán investigaciones "en contra de los responsables" del proceso de extradición de Serrano.
"Creemos que Ecuador debe aplicar de manera estricta la doctrina de que quede terminantemente prohibida la extradición de una persona, que por el hecho de ser extraditada o deportada, pueda verse sometida a la pena de muerte", declaró.
"Nuestro país se opone a la pena de muerte y no sólo la prohíbe dentro de su territorio sino que hará todo lo posible por universalizar este principio que considera aberrante", apostilló.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, explicó que en el proceso de extradición "sumarísimo, expedido en cuatro horas, con una celeridad sorprendente", participaron autoridades norteamericanas y que se desconocen las gestiones y la relación que esas autoridades mantenían con los responsables ecuatorianos.
Además informó de que se ha trasladado a la Cancillería una petición para que tramite las medidas necesarias para la extradición.
