El Gobierno de Perú aceptó hoy la renuncia del viceministro del Interior, Wilson Hernández, después de que este ofreciera no denunciar a los campesinos de la localidad andina de Paucartambo que retuvieron a 13 policías el fin de semana.
En una breve rueda de prensa el primer ministro, Javier Velásquez, anunció este lunes la decisión del Ejecutivo, sin precisar el momento en el que Hernández presentó su renuncia.
Velásquez afirmó a los periodistas que el Gobierno es respetuoso del derecho de protesta, pero considera "inaceptable" que se tomen decisiones sobre temas que corresponden a instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial.
Según medios locales, Hernández suscribió un acta con los campesinos de Paucartambo en la que se comprometió a que estos no serían denunciados, para conseguir la liberación de los agentes.
El viceministro, quien estuvo presente en las conversaciones para conseguir la liberación de los uniformados, negó hoy a la edición digital del diario El Comercio que haya firmado algún documento y dijo que solamente hizo "una invocación" para que no se persiga a los manifestantes.
El primer ministro peruano afirmó, sin embargo, que "no se pueden suscribir actas para impedir que aquellos que cometen ilícitos penales sean investigados".
Los policías ofrecían seguridad a la central hidroeléctrica de Yuncán, en la región andina de Pasco, cuando fueron retenidos por más de 6.000 campesinos para presionar a la empresa Enersur, que opera la central, para que les entregue fertilizantes para sus campos de cultivo.
Los agentes fueron liberados la noche del sábado, tras la intermediación del director nacional de la Policía, Miguel Hidalgo, que logró un acuerdo entre autoridades municipales y de la empresa para la compra de los fertilizantes.
Los comuneros de Paucartambo convocaron a un paro el pasado jueves y el viernes radicalizaron la medida con el ingreso en la central de Yuncán, donde impidieron la salida de los policías destacados en la zona para brindar seguridad.
Velásquez anunció hoy que el procurador del Ministerio del Interior, José Vega Carrero, denunció a los comuneros que retuvieron a los policías e indicó que el Gobierno hace "todos los esfuerzos" para garantizar la seguridad de las inversiones.
Invocó, sin embargo, a las empresas a mostrar "mayor eficiencia" para solucionar los eventuales conflictos con las comunidades donde se encuentran sus inversiones.
El Gobierno del presidente Alan García vivió su peor crisis política en junio pasado, cuando envió a un contingente policial a desalojar una carretera en la región Amazonas tomada por indígenas y se desató un enfrentamiento que dejó 24 agentes y 10 civiles muertos.
