Los enfrentamientos entre indígenas y la policía peruana hoy en la región Amazonas, al norte de Perú, dejaron once policías y tres nativos muertos, según el reporte dado por el el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon.
En una rueda de prensa, Simon explicó además que como resultado de estos disturbios hay 109 heridos ingresados en diversos hospitales de Amazonas, 19 de ellos por lesiones de bala.
Las cifras de indígenas muertos dadas por el Gobierno difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan unas 25 víctimas.
El primer ministro explicó que los primeros cinco policías que llegaron a la zona conocida como la "Curva del Diablo", a la altura del kilómetro 200 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, fueron asesinados con lanzas por los indígenas, quienes los despojaron de sus armas y luego presuntamente atacaron con ellas a otros uniformados.
Al menos uno de los cuerpos de los policías todavía no ha sido hallado, mientras que nueve féretros de los agentes muertos llegaron esta noche (local) a Lima.
Simon también señaló que 38 policías y 20 civiles fueron secuestrados por los nativos en una estación del oleoducto Norperuano, administrada por la estatal Petroperú, en cuyas inmediaciones se mantienen en protesta desde hace varias semanas.
"Hay una acción de fuerza sobre estos policías, pero pareciera que podría entablarse algún diálogo", dijo al respecto la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
La titular de la cartera afirmó, tras lamentar los decesos de los policías, que "ha existido un plan, instigación y un complot" en los hechos ocurridos en la jornada.
Simon reiteró que el Gobierno de Alan García mostró, "hasta la saciedad", voluntad de diálogo para solucionar los reclamos de las comunidades amazónicas en forma pacífica.
Sin embargo, el jefe del gabinete se quejó de que los líderes indígenas, representados por Alberto Pizango, engañaron a los nativos diciéndoles que les iban a quitar sus tierras y el agua, a raíz de la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo el año pasado.
En tal sentido, Simon justificó la intervención policial para despejar una carretera tomada por los nativos "para poner orden y disciplina en el país", que ya estaba sufriendo los efectos económicos de los bloqueos y toma de estaciones petroleras.
Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que se ha decretado el toque de queda en algunas localidades de Amazonas y que también se ha extendido la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en esa región.
"Somos respetuosos de los derechos humanos, pero el Estado tiene que recurrir a todos los instrumentos que le son permitidos para recuperar el orden", opinó Flores Aráoz.
De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, reportó que hay 36 personas detenidas en Bagua y otras 17 que han sido derivadas a la ciudad de Chiclayo.
Un representante de la fiscalía también fue secuestrado por los nativos por varias horas, informó Echaíz, pero ahora los magistrados trabajan en diversos puntos de Amazonas.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que los responsables de las radioemisoras de Bagua que han incitado abiertamente a la violencia serán sancionados.
La Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo hicieron un "clamoroso llamado a la serenidad" y demandaron que, "de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas".
"Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo", agregaron en un comunicado conjunto, que coincide con otros pronunciamientos hechos por diversas organizaciones no gubernamentales.
Graves disturbios en la Amazonia revelan una fractura entre Estado e indígenas
Los violentos enfrentamientos producidos hoy entre la policía y los nativos de la selva peruana puso en evidencia la polarización de visiones entre el Estado y las comunidades indígenas sobre el desarrollo de la Amazonia y el derecho de las minorías.
En el operativo para despejar un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, que conecta varias ciudades de la Amazonia y la costa norte peruana, murieron al menos 29 personas (nueve de ellos policías) y cerca de cien quedaron heridas, aunque esta cifra podría aumentar.
Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.
Las comunidades de la Amazonia peruana, que viven en zonas muy remotas, han denunciado en diversas oportunidades la situación de pobreza y abandono, así como la contaminación de sus aguas y el impacto en su salud, además de la deforestación de sus tierras como consecuencia de la explotación de los recursos en sus territorios.
Dos analistas peruanos, Eduardo Toche y Nelson Manrique, que dialogaron con Efe, coincidieron en que el gobierno de Alan García se ha puesto al margen de la ley porque al aprobar estos decretos para implementar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha violado tratados internacionales que tienen rango constitucional.
Manrique dijo que "el país no puede pasar por encima de los derechos de los indígenas" para favorecer a grandes corporaciones que pretenden explotar la Amazonia, que ocupa el 62 por ciento del territorio peruano.
Por su lado, Eduardo Toche recalcó que las comunidades indígenas exigen "la profundización del Estado de derecho", tras mencionar el cansancio de los indígenas que se han sentado a dialogar con el Gobierno "con resultados muy decepcionantes".
Las protestas en la Amazonía coinciden con el interés del Gobierno de Alan García por incrementar sus reservas de gas y petróleo, presentes sobre todo en la selva, para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en país proveedor.
Un mapa de la estatal Perupetro, encargada de adjudicar las licitaciones petroleras, muestra que en 2004 el 15% de la Amazonia estaba concesionada para exploración o explotación de hidrocarburos, porcentaje que había subido al 68% en 2006 y que este año podría llegar al 76%.
Por ello García acusa a los indígenas de querer que "Perú se quede de rodillas (y) se vea frustrado en su camino al desarrollo".
El gobernante peruano también justificó las medidas para reprimir las protestas en Amazonas, una de las cinco regiones declaradas en emergencia por las protestas, que ya han causado desabastecimiento de alimentos y combustible en la zona.
Al referirse a los indígenas, el jefe de Estado aseveró que 400.000 nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos "tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera; eso es un error gravísimo, y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo".
Los reclamos de los indígenas datan de hace varios años, pero ellos recién lograron presencia en el escenario político peruano cuando en agosto del año pasado consiguieron que el Congreso derogara dos de las leyes, muchas de ellas todavía centro de sus reclamos actuales.
El sociólogo Eduardo Toche lamentó la indiferencia de sus compatriotas frente a las minorías indígenas y el tema medioambiental.
El presidente de la mayor organización indígena, Alberto Pizango, dijo públicamente: "Nos están tratando como si no fuéramos peruanos, nos duele en el alma, queremos decirle al mundo: nuestros hermanos dan su vida por defender el pulmón del mundo", dijo.
