El Gobierno de Perú suscribió hoy un convenio con las autoridades de la región Cuzco para construir una planta de fraccionamiento del gas del yacimiento de Camisea en la localidad de Kepashiato.
Esta medida se tomó como parte de los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo con las autoridades de la provincia de La Convención, cuyos pobladores protagonizaron entre el 27 de julio y el 9 de agosto pasado una huelga contra la exportación del gas de Camisea.
El convenio fue firmado en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros por representantes del Ejecutivo, el gobierno regional del Cuzco y la municipalidad provincial de La Convención.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, destacó que la medida permitirá cumplir con otro de los acuerdos que el Poder Ejecutivo asumió para lograr el fin de las protestas.
"Todos los compromisos que hemos asumido los estamos cumpliendo", remarcó tras indicar que ahora se deberá establecer un cronograma para la construcción de la planta.
El Gobierno peruano aprobó ayer un decreto supremo que obliga a destinar al mercado interno el lote 88 de gas, cuya exportación fue el centro de las últimas protestas al sur del país.
Velásquez ratificó hoy que este decreto dejó sin efecto uno anterior en el que se apartaba algunas reservas para la exportación, una decisión que provocó en los últimos meses una fuerte oposición en el sur y entre los sectores nacionalistas y de izquierda.
La última gran protesta contra la exportación de gas fue el paro entre el 27 de julio y el 9 de agosto en Cuzco, donde se concentra Camisea -principal yacimiento de gas del país- y donde se da la paradoja de que los consumidores pagan más por este recurso que los importadores desde el exterior.
La suspensión del paro llevó a que el primer ministro prometiera el 9 de agosto destinar el gas del lote 88 exclusivamente al consumo interno durante los próximos cinco años y el del 56 (ambos de Camisea) a la exportación.
El primer ministro también confirmó que los precios de venta de gas en Cuzco se abaratarán gracias a la renegociación del contrato que está en marcha con el consorcio privado de Camisea, integrado por Pluspetrol, Tecpetrol del Perú, Repsol, SK Energy y Sonatrach.
"Estamos agotando todos los caminos que la Constitución y la ley nos permiten para resolver los problemas de los pueblos, especialmente de Cuzco y La Convención, que con estas tres medidas creo que está disipada cualquier posibilidad de conflicto social en el futuro", declaró.
