El Gobierno de Perú instaló hoy una comisión multisectorial que busca solucionar los conflictos con las comunidades amazónicas del país, a pesar de la ausencia del líder nativo que promueve las protestas desde hace cinco semanas.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró a los periodistas que el Gobierno cumplió con la instalación de la comisión, en la cual están representados los ministerios de Ambiente, Agricultura, Energía y Minas, Educación, Interior, Salud, Transportes y Vivienda.
Sin embargo, Simon lamentó la ausencia del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, a pesar de que había confirmado su presencia en la cita.
La instalación de la comisión fue una de las condiciones que planteó Pizango para deponer el llamado a la insurgencia hecho el pasado viernes, ante una supuesta negativa del Gobierno a dialogar sobre un paquete de leyes que consideran nocivas a sus intereses.
Precisamente, Aidesep informó ayer que Pizango había recibido una citación de la fiscalía en una investigación por el delito de sedición, al haber hecho un llamado a desconocer la autoridad del Gobierno, medida que fue retirada un día después.
"Hago un llamado a Pizango para que depongan las medidas de fuerza y poder convocarlos, de manera personal, para que nos acompañen mañana", dijo el presidente del Consejo de Ministros a los periodistas.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en varias provincias selváticas afectadas por los bloqueos de caminos y de ríos por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep.
En ese sentido, Simon agregó que el Ejecutivo no tiene "ninguna dificultad en levantar el estado de emergencia, en la medida que las acciones de presión desaparezcan".
Agregó que "no es justo que una empresa como la estatal Petroperú resulte afectada (con los bloqueos), haciendo perder a la región Loreto recursos que deben ingresar para su población".
También la argentina Pluspetrol anunció ayer la paralización progresiva de producción de un lote petrolero en Loreto, debido al corte de distribución de hidrocarburos por el oleoducto que administra Petroperú en esa región.
Simon dijo que la mesa de diálogo se volverá permanente "hasta zanjar todas las dificultades" porque se trata de asuntos pendientes "desde que se formó la república".
El principal punto de discrepancia entre las comunidades selváticas y el Gobierno radica en el interés del Ejecutivo por promover la explotación petrolera y agrícola en la selva, mientras que los grupos indígenas defienden su derecho a decidir sobre las actividades económicas en el territorio que ellos ocupan.
