El Gobierno estadounidense pidió hoy al Tribunal Supremo que decida si la ley federal está por encima de la ley de inmigración de Arizona que castiga a las empresas que empleen a inmigrantes ilegales, informó la prensa local.
Según la versión digital del diario Arizona Republic, la Administración de Barack Obama expresó su preocupación por esta ley en un documento presentado en el Alto Tribunal.
El procurador general Neal Katyal indicó en el documento de la Corte Suprema que la ley de Arizona interrumpe "un cuidadoso equilibrio que el Congreso estableció hace casi 25 años entre dos intereses de vital importancia".
"Asegurar que los empleadores no socavan el cumplimiento de las leyes de inmigración contratando trabajadores no autorizados, al tiempo que se garantiza que los empleadores no discriminan a las minorías raciales y étnicas legalmente en el país", escribió Katyal, según informó la cadena de radio NPR.
La ley estatal de sanciones a empleadores en Arizona, que tiene el objetivo de desalentar la inmigración ilegal, entró en vigor en enero de 2008 y otorgó millones de dólares a cada condado para investigar este tipo de casos.
El Estado de Arizona aprobó recientemente la polémica ley SB1070, que criminaliza la inmigración ilegal y autoriza a la policía a pedir pruebas de residencia a quienes sospeche que están indocumentados.
Esta ley ,que entrará en vigor el próximo 29 de julio, penaliza a los extranjeros que no porten sus documentos migratorios cuando se los requieran las autoridades locales, prohíbe solicitar empleo en las calles y penaliza a las personas que transporten inmigrantes indocumentados, aunque sean familiares.
El presidente Barack Obama también ha expresado su preocupación por esta ley, toda vez que considera que no resuelve el problema de la inmigración.
Se calcula que en Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes indocumentados.
Obama se comprometió a llevar una reforma migratoria durante su primer año de mandato que ahora le reclaman grupos de derechos humanos e inmigrantes, después de que el Gobierno acometió una complicada reforma sanitaria.
