El Gobierno español ha expresado a las autoridades cubanas su rechazo a la resolución del Parlamento de Cuba contra la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, en la que afirmó que los centros de detención migratoria de la Unión Europea son "verdaderos campos de concentración modernos".
En respuesta por escrito a una pregunta formulada por el senador del PP por Almería Eugenio Jesús González, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero subraya que no comparte las afirmaciones contenidas en la resolución aprobada el pasado 11 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
El Gobierno español, en la respuesta a la que ha tenido acceso EFE, ha puesto de relieve que la legislación española en materia de extranjería figura entre las más garantistas de Europa y no existe propósito alguno de alterar este marco normativo.
Ni España ni ningún otro país de la Unión Europea se ha planteado llamar a consultas a su embajador en La Habana para exigir una rectificación a las autoridades cubanas, precisa el Ejecutivo en la respuesta escrita.
En la declaración, el Parlamento cubano señala que la directiva de retorno constituye "una flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales".
Considera que los centros de detención migratoria "actúan como verdaderos campos de concentración modernos, donde se aniquila la vida y la dignidad humana" y califica de "vergonzosa" la decisión de la UE.
"Para implementar la escandalosa política, la Unión Europea cuenta con más de 220 centros de detención de inmigrantes, que actúan con escaso control y pocas normas, ubicados en prisiones, antiguas edificaciones, barcos y hasta instalaciones que fueron campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial", denuncia.
La Eurocámara aprobó el 18 de junio de 2008 la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que prevé detenerlos por un periodo máximo de hasta dieciocho meses en casos excepcionales, entre otras medidas.
La norma, que cuenta con el visto bueno de los Gobiernos de los veintisiete países de la Unión Europea, entrará en vigor en 2010.
