El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) de San Salvador se mostró satisfecho con la agilidad del proceso judicial en España contra militares acusados de asesinar a seis sacerdotes jesuitas en 1989.
El director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, manifestó a Efe su satisfacción por que el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, se declarase competente para investigar a 14 miembros de la Fuerza Armada de El Salvador presuntamente implicados en el asesinato de los sacerdotes y dos empleadas de ese centro de estudios administrado por jesuitas.
La querella fue presentada el 13 de noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
Cuellar afirmó que "en un tiempo bastante corto el juez ha admitido la querella, vemos que va caminando y eso permite ser optimistas".
El 16 de noviembre de 1989, comandos del ejército irrumpieron en el campus de la UCA y dieron muerte a su rector, el español Ignacio Ellacuría, en el marco de una ofensiva impulsada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora principal partido de la oposición.
Además, asesinaron a los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a Elba Ramos, una empleada doméstica y a su hija Celina, de 16 años.
La petición presentada al juez español incluía al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994) por el supuesto encubrimiento del crimen, pero este decidió no investigarlo.
La resolución del juez dice que la no investigación de Cristiani es "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen" durante el proceso.
Cuellar dijo que la agilidad en el proceso es "normal en un país normal, en donde funcionan las instituciones normalmente" y lamentó que, pese a las gestiones de la UCA, no se haya podido lograr justicia en los tribunales salvadoreños.
En 1991 fueron condenados por el crimen el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, entre una decena de militares acusados, pero quedaron en libertad en 1993 debido a la aprobación de una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad decenas de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Cuellar dijo que la resolución del juez "nos satisface" por que "algún fruto ha tenido el trabajo realizado aquí después de tantos años de la muerte".
Afirmó no obstante que "estaría mucho más satisfecho, mucho más contento si las cosas (la justicia) funcionaran" en El Salvador.
