El comandante en jefe del Ejército Uruguayo, Jorge Rosales, admitió hoy que algunos militares retirados están "nerviosos" por la intención del Parlamento de anular la Ley de Caducidad, que impide juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
En una entrevista a la emisora Radio Carve, el general Rosales confirmó que militares en retiro le han hecho llegar "una serie de preocupaciones" debido a lo que "en términos generales se llama como un cambio en las reglas del juego" que han generado "un nerviosismo muy grande".
Rosales, que no detalló más sobre el tema, señaló su convicción de que hoy en día el problema con la Ley de Caducidad "es un tema estrictamente político" pero que lo que "eventualmente pase" con ella "sin duda va a afectar al factor militar".
El militar se refirió así a la posibilidad de que el Parlamento uruguayo, dominado por el oficialista Frente Amplio, apruebe una norma que inhabilita la Ley de Caducidad, pese a que la ciudadanía votó por mantenerla en dos ocasiones, primero en 1989 y luego en 2009.
Esta posibilidad, que parece muy probable después de que el oficialismo obligara a votar a favor de la medida a todos sus legisladores, desató la molestia en varios grupos de ex militares, quienes acusaron al presidente José Mujica, un ex guerrillero tupamaro, de incumplir con su palabra de buscar la reconciliación nacional.
La Ley de Caducidad, que ya fue declarada inconstitucional en tres ocasiones por la Justicia uruguaya y por la cual Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen expresamente cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período e impide que la fiscalía pueda actuar de oficio.
Hasta la llegada al poder del izquierdista Frente Amplio en las elecciones de 2005 ningún gobierno uruguayo había autorizado investigar ninguno de esos crímenes.
El fracaso en anular la Ley en el referéndum de 2009, que coincidió con las elecciones presidenciales en las que venció José Mujica, fue un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.
La nueva ley, que ya fue aprobada por los diputados y espera su ratificación en el Senado, pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática y por lo tanto hacerla inaplicable.
