El Ministerio de Salud de Costa Rica declaró hoy inhabitables tres edificios de la Asamblea Legislativa y ordenó su desalojo y clausura en un plazo de 24 horas, lo que ha generado polémica y suspicacias entre los diputados.
En estos tres edificios, con cerca de cien años de antigüedad, se ubican varias oficinas de diputados, la Presidencia del Congreso y oficinas administrativas, pero el Plenario y el resto de los despachos de los legisladores se encuentran en otra edificación más reciente.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), comentó en la sesión del Plenario que buscará una reunión con la ministra de Salud María Luisa Ávila en las próximas horas para tratar de "buscar una salida viable" al problema.
"Si hacemos un plan para el cumplimiento de las medidas sanitarias, podríamos tener habilitados los edificios" sin necesidad de un desalojo, explicó Villanueva a sus compañeros al proponer una solución "temporal" al asunto.
Los problemas de los edificios, que vienen siendo advertidos en órdenes sanitarias que datan desde 2003, consisten en daños estructurales, de electricidad y aguas negras, entre otros.
Por su parte, el diputado Manrique Oviedo, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) declaró en la sesión del Plenario que está "sorprendido" con la "premura y eficiencia" del Ministerio de Salud para ordenar la clausura de los edificios.
"Me niego a desalojar. Ni con tractores me van a mover porque soy un representante del pueblo y exijo espacio para trabajar", afirmó vehementemente el legislador.
Otros diputados opositores como José María Villalta, del Partido Frente Amplio y Gloria Bejarano, de la Unidad Social Cristiana, se mostraron a favor de proteger la salud de los trabajadores del Congreso, aunque mostraron sus reservas hacia la orden de desalojo.
Villalta dijo que los abogados del Congreso deben revisar la orden y los motivos técnicos para determinar si verdaderamente es necesario desalojar los edificios, cuyo mal estado es evidente.
Varios diputados opositores hicieron ver sus sospechas sobre si la orden es una manera para aligerar la construcción de un nuevo edificio del Congreso, proyecto que se financiaría con un crédito ya aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 96 millones de dólares.
