El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, reafirmó hoy que tanto su despacho como las Fuerzas Armadas se oponen a una posible revisión y juicio de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1964-1985).
Jobin sostuvo que hay una Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el propio Gobierno militar de facto, que está en vigor y que le puso punto final a lo ocurrido en esos 21 años.
"Si el acuerdo (que condujo a la amnistía) fue bien hecho o mal hecho no está en discusión. El tema es que el país debe mirar hacia adelante y no hacia atrás", declaró durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados.
El ministro y ex presidente del Supremo Tribunal fue convocado para discutir, entre diversos asuntos, un Programa Nacional de Derechos Humanos propuesto por el Gobierno, que plantea la creación de una Comisión de la Verdad para revisar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En opinión de Jobin, el programa presentado el año pasado ha ido "mucho más allá" de los límites de los derechos humanos, lo que "no es adecuado", por lo que en el propio Gobierno se ha decidido revisarlo antes de remitirlo al Congreso para su discusión.
Según ha trascendido en la prensa local, ahora la idea del Ejecutivo es ampliar los márgenes de las investigaciones e incluir también los hechos atribuidos a los grupos guerrilleros que se alzaron en armas contra el régimen de facto.
No obstante, para el ministro de Defensa, deberá quedar muy clara la diferencia entre el "derecho a la memoria" y la "cosa juzgada", mediante la Ley de Amnistía de 1979, que benefició tanto a los militares como a sus opositores.
El Programa Nacional de Derechos Humanos ha sido objeto de otras polémicas, que ya obligaron al Gobierno a retirar del texto original una campaña en favor de la legalización del aborto y la intención de prohibir la exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos.
Asimismo, se ha eliminado una propuesta que sugería que todo juicio debido a conflictos de tierras entre hacendados y campesinos fuera precedido por audiencias de conciliación previas.
Con sugerencias de esa naturaleza, según dijo hoy Jobim, "se daba una elasticidad inadecuada al tema de los derechos humanos, pues se intervenía hasta en cuestiones tributarias o de agricultura".
