Dos legisladores paraguayos del oficialismo tramitaron hoy un recurso de nulidad contra la restitución de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia destituidos hace seis años a través de juicio político parlamentario.
El senador Alberto Grillón y la diputada Desidée Masi, ambos del Partido Democrático Progresista (PDP), agrupación minoritaria en la coalición gobernante, impugnaron el fallo de la Sala Constitucional del Supremo, que el 30 de diciembre ordenó la reposición de los jueces destituidos Bonifacio Ríos y Carlos Fernández.
Grillón sostuvo que se trata una extralimitación judicial al argumentar que el juicio político "se define como una materia no justiciable" por ser de exclusiva potestad del Congreso y que, en todo caso, la controversia debía ser resuelta por el Pleno del Supremo.
El fallo de la Sala Constitucional, integrada por los jueces del Tribunal de Cuentas (de rango interior) Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada ante la inhibición de sus titulares naturales, desató una crisis institucional, con acusaciones mutuas sobre sus motivaciones.
El Pleno del Congreso (senadores y diputados), reunido en medio del receso anual del verano austral, rechazó el pasado sábado esa decisión mientras que el Supremo, de nueve miembros, llamó para mañana a una sesión extraordinaria de sus siete magistrados, en pleno periodo de descanso judicial.
Emilio Camacho, asesor jurídico del jefe de Estado, Fernando Lugo, reiteró hoy que el Ejecutivo sigue buscando "la mejor opción para conseguir la nulidad" del fallo y que prefiere "no entrar en especulaciones".
La posición del Gobierno paraguayo fue expresada el sábado por el propio gobernante, que en un mensaje leído al país, negó que haya tenido injerencia en el polémico fallo, que ordena además que los destituidos ocupen las dos plazas actualmente vacantes en el Supremo.
La oposición, que controla el Congreso, ha responsabilizado a Lugo de lo ocurrido porque consideran que la resolución judicial sentaría precedente para la revisión de un eventual juicio político con el que amenaza someter al jefe de Estado.
Sin embargo, el ex presidente Nicanor Duarte (2003-2008), en cuyo inicio de mandato fueron relevados los ahora readmitidos en el marco de un amplio acuerdo político, insistió en que Lugo estaría detrás del fallo al afirmar que Ríos y Fernández "prometieron sumisión y obediencia" al gobernante.
"Acá podemos llegar a un estado de anomia, que algunos teóricos denominan a la sociedad que ha perdido el orden normativo básico, (...) ya nadie sabe donde están las normas, ya nadie sabe cuáles son las competencias de las instituciones", afirmó Duarte al canal de televisión Telefuturo.
