El Gobierno de Uruguay defendió hoy su propuesta de invalidar la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de Estado cometidos en la dictadura militar (1973-1985), al inicio de la polémica discusión parlamentaria sobre esa normativa aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
La postura del Ejecutivo que preside José Mujica, un ex guerrillero tupamaro que pasó 13 años en la cárcel (la mayoría durante el Gobierno de facto), fue expresada por el vicecanciller Roberto Conde en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados.
La comisión recibió la semana pasada un proyecto de ley elaborado por el Frente Amplio, el bloque izquierdista que gobierna en el país, y, de prosperar en su seno, lo remitirá al pleno de la cámara baja, donde el oficialismo tiene mayoría.
Después debería ir al Senado, que también está en manos de la fuerza gubernamental.
Conde expuso este jueves ante los diputados la necesidad de invalidar la Ley de Caducidad para hacer frente a los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
La principal inquietud gubernamental es la posible condena del Estado uruguayo en el proceso abierto en enero pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una demanda por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman y madre biológica de Macarena Gelman.
"La mayoría de los contenidos en el petitorio de los demandantes Uruguay ya ha procedido a satisfacerlos", pero quedan pendientes "la determinación de la responsabilidad de los crímenes y la remoción de la Ley de Caducidad", detalló a la prensa.
Los detractores de la controvertida normativa la consideran una violación flagrante de la separación de poderes, porque deja en manos del Gobierno de turno la posibilidad de decidir si un caso concreto es abarcado por la ley o queda fuera de la misma.
Uno de los escollos con los que podría topar el proyecto de reforma legal oficialista son los dos referendos que han ratificado la normativa, el último hace un año, aunque Conde considera que no son un obstáculo.
"Esta es una ley común y el hecho de que haya pasado por un referéndum no limita las facultades del Poder Legislativo de la República para modificarlo", sostuvo.
"De lo contrario, estaríamos ante la situación de que una ley que ha pasado por un referéndum va a tener validez eterna", agregó.
Distinta es la opinión de los representantes en la misma comisión de las dos principales fuerzas de la oposición, los partidos Nacional (Blanco) y Colorado.
"Es lamentable que con una mayoría simple y circunstancial se quiera torcer la voluntad del pueblo", afirmó a los periodistas el diputado colorado Fitzerald Cantero, al recordar que "el mismo pueblo que dijo que no se anulara la Ley de Caducidad (en octubre de 2009) es el que eligió" al Parlamento actual.
En declaraciones a Efe, la legisladora blanca Ana Lía Piñeyrúa coincidió con esa postura y añadió otro argumento contra la propuesta del Gobierno.
"En realidad lo que está haciendo el Parlamento es invadir la competencia de la Suprema Corte de Justicia, porque nuestra Constitución establece que la corte tiene competencia originaria y exclusiva en materia de constitucionalidad de las normas", denunció.
Al respecto, Conde considera que un reciente fallo del máximo tribunal sobre el caso de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, en el que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad, habilita a los legisladores para dejarla sin efecto.
Piñeyrúa recuerda, sin embargo, que la Suprema Corte solamente se puede pronunciar caso por caso y no sobre todos en su conjunto.
Por eso, advierte que si el Parlamente invalida la normativa y comienzan a ser procesados los ex represores que no han sido condenados, muchos de los cuales tienen una edad muy avanzada, sin mencionar a los fallecidos, los acusados podrán recurrir ante la corte y retrasar su enjuiciamiento.
Además, Cantero no descartó hoy que sea el propio Partido Colorado el que recurra ante la Justicia contra la nueva norma, mientras que el Partido Nacional, a través de su número dos, el senador Jorge Larrañaga, ya expresó hace días su intención de recoger firmas para convocar un nuevo referéndum si es necesario.
Raúl Cortés
