Los diputados del oficialista Frente Amplio iniciaron hoy los trámites parlamentarios para declarar inexistente la Ley de Caducidad, que impide juzgar las violaciones a los DD.HH. cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985), pero que fue ratificada dos veces en referéndum.
La intención de la fuerza política de izquierdas es aprobar en el Parlamento un proyecto de ley que obligue a los tribunales a considerar defendidas por la Constitución las normas internacionales de defensa de los derechos humanos y por tanto hacer inaplicable la Ley de Caducidad, aprobada tras la salida de la dictadura y refrendada en las urnas en 1989 y en 2009.
"La idea no es anular la ley. Es declararla inexistente e inaplicable por los tribunales. Se trata de un proyecto, apoyado unánimemente por el Frente Amplio y que se basa en una sentencia de la Suprema Corte que señala que la Ley de Caducidad es inconstitucional", explicó a Efe la diputada Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.
De aprobarse el proyecto, apoyado por el presidente de Uruguay, José Mujica, todos convenios internacionales de defensa de los derechos humanos signados por Uruguay deberán aplicarse automáticamente al quedar incorporadas al artículo 72 de la Constitución.
Según Payssé, esta propuesta no pretende "valorar lo que votó el pueblo en plebiscito", sino que sólo busca que el Estado uruguayo cumpla con sus "obligaciones internacionales haciéndose cargo de algo que debería haber hecho antes".
"Las reglas del mundo nos competen a todos, por eso las integramos en nuestro sistema", dijo la diputada.
El proyecto tendrá ahora que superar el trámite parlamentario, que no tiene fechas límites, si bien diputados oficialistas consultados por la prensa local afirmaron que sería conveniente tenerlo aprobado antes del día 4 de octubre, fecha en la que Uruguay tendrá que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El país acudirá para responder a la acusación interpuesta por Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de una pareja desaparecida durante la dictadura, quien señaló que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación de ese crimen.
Según dijo Payssé, el proyecto de ley permitiría solventar la petición de Gelman, ya que en su articulado señala que toda intervención judicial interrumpida por la aplicación de la Ley de Caducidad podrá reanudarse con la mera petición de los interesados.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impide juzgar a militares y policías por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Uruguay durante la dictadura, aunque no protege los delitos cometidos por civiles ni los realizados en el exterior del país.
Asimismo, la norma otorga al Poder Ejecutivo el poder para decidir que casos quedan amparados por la Ley y cuales no.
La nulidad de la norma fue desde entonces un caballo de batalla del Frente Amplio, sindicatos y defensores de los Derechos Humanos, que recabaron en 2009 más de 250.000 firmas para llevarla de nuevo a las urnas.
En octubre de 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales, los uruguayos rechazaron la anulación de la Ley, si bien los impulsores de su desaparición no cejaron en sus intentos de hacerla inaplicable.
