El Parlamento de Honduras aprobó hoy la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, con el fin de depurar la Policía Nacional de agentes implicados en crímenes.
La nueva dirección es una de las medidas de emergencia adoptadas por las autoridades del país centroamericano, tras la implicación de al menos siete agentes y un suboficial de la Policía Nacional en el asesinato de dos universitarios el 22 de octubre pasado en Tegucigalpa.
Según explicó hoy el presidente del Parlamento hondureño, Juan Orlando Hernández, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que sustituirá a la de Asuntos Internos, adscrita a la Secretaría de Seguridad, será independiente de esa cartera, aunque pertenecerá al Poder Ejecutivo.
Entre otras actividades, la nueva dependencia investigará delitos y faltas de los elementos de la Carrera Policial, sin perjuicio de las acciones que emprenda el Ministerio Público.
También será vigilante de la conducta de los policías y altos mandos en sus funciones.
Eso supone que la población podrá volver a confiar en las fuerzas del orden, que desde hace muchos años han sido salpicadas por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, robos y narcotráfico, entre otros delitos, comentó el diputado Germán Leitzelar del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata.
Uno de los dos universitarios asesinados el 22 de octubre era Rafael Alejandro Vargas, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien ha exigido al presidente de la nación, Porfirio Lobo, que ordene una "depuración total, no a medias", de la Policía.
El pasado domingo Lobo ordenó una reestructuración en la cúpula de la Policía Nacional, lo que diversos sectores han calificado como un "maquillaje" porque solamente se han hecho rotaciones de oficiales, de los que algunos estarían ligados a bandas de criminales, según denuncias hechas en medios locales de prensa.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial será independiente, tendrá su propio presupuesto y trabajará en la constante depuración de la Policía Nacional.
Además hará importantes reformas en el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasín), un ente que casi no ha sido tomado en cuenta por los últimos secretarios de Seguridad.
El Conasín tendrá dos directores, uno de ellos adjunto, que serán escogidos de al menos tres nombres que la Dirección presentará al presidente de la República.
Además, el Conasín, cuyos directores durarán tres años en el cargo, será convocado obligatoriamente cada tres meses.
De los ocho policías implicados en el asesinato de Rafael Alejandro Vargas y su amigo Carlos Pineda, cuatro fueron capturados el lunes y remitidos hoy a prisión por orden judicial, mientras que los cuatro restantes, incluido un suboficial, están prófugos desde el 28 de octubre pasado.
Ese día, a los cuatro implicados en el crimen se les autorizó por parte de sus jefes inmediatos un permiso de salida de la posta en la que estaban asignados.
Los 167 agentes que estaban asignados a esa misma posta fueron confinados el miércoles, sin sus armas de reglamento, en una unidad especializada denominada "Cobras", la que no escapa de la corrupción que existe en la Policía Nacional.
Otras investigaciones se están extendiendo a la Policía de Tránsito, también salpicada por denuncias de corrupción, como chantaje, extorsión, amenazas, agresiones y cobros ilegales a infractores de la Ley de Tránsito.
