La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy un decreto que avala la participación temporal de militares y policías en tareas de control y seguridad en las cárceles, ante las denuncias de delitos ordenados desde esos centros y las recientes protestas de reos.
Con 64 votos, los diputados dieron luz verde a un disposición transitoria que autoriza al presidente Mauricio Funes a hacer "uso excepcional de la Fuerza Armada y/o la Policía Nacional Civil para colaborar en las tareas de control y seguridad en los centros penitenciarios del país".
El Parlamento consideró que "el sistema penitenciario del país se encuentra saturado en su capacidad instalada, volviéndose difícil para los organismos administrativos aplicadores de la ley penitenciaria bajo ciertas circunstancias mantener el orden, la seguridad de los internos y de los centros penitenciarios mismos".
Las autoridades han denunciado que desde las prisiones se cometen u ordenan delitos como secuestros y extorsiones, que en la mayoría de casos son atribuidas a las pandillas.
Actualmente, la seguridad carcelaria se encuentra en manos de un grupo de custodios y la Policía participa en registros especiales a las prisiones o en casos de desórdenes.
La medida, que caducará el 30 de junio de 2011 para que 15 días después el presidente presente un informe a la Asamblea Legislativa sobre las acciones desarrolladas, prevé que tanto policías como militares colaboren en la seguridad y "para los registros de controles" de ingresos y salidas de estos centros.
La administración de las prisiones continuará bajo la dirección de centros penales y la actuación de estas fuerzas se ajustará a un "Manual de Actuación" que deberán elaborar los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de Defensa.
Estas fuerzas podrán intervenir en las prisiones, según lo establecido en la Ley Penitenciaria, en situaciones de "fuerza mayor" como actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos o motines que lleven a la declaración de emergencia en estos lugares.
También para mantener el orden y la seguridad en el centro penal o de los reclusos y en caso de requisas.
