El Parlamento de Guatemala ratificó hoy el estado de sitio decretado la semana pasada por el Poder Ejecutivo en la población indígena de Santa Cruz Barillas, tras registrarse violentos incidentes que dejaron un fallecido y dos heridos.
Con el voto favorable de 103 diputados, y la oposición de 24, los legisladores ratificaron el acuerdo gubernativo emitido el viernes pasado por el presidente Otto Pérez Molina y su consejo de ministros, el cual señala que la medida tiene como objetivo restablecer la gobernabilidad en esa población.
El estado de sitio, que inició el pasado 1 de mayo, tendrá vigencia de 30 días, y según la disposición del Parlamento, restringe los derechos constitucionales de libertad de acción, locomoción, reunión y manifestación de los pobladores.
Además faculta a las fuerzas de seguridad del Estado para detener e interrogar a cualquier persona que consideren sospechosa, sin que exista una orden de juez competente.
La medida fue ordenada por Pérez luego de que el pasado 1 de mayo cientos de vecinos de la comunidad de Santa Cruz Barillas, a 415 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, protagonizaran una violenta manifestación en protesta por el asesinato de un campesino, supuestamente a manos de agentes de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A., que construye una hidroeléctrica en ese lugar y ha rechazado las acusaciones.
Hasta el momento las fuerzas de seguridad han capturado a 17 personas, a las que acusan de haber dirigido las protestas, pero no han anunciado avances sobre las investigaciones de la muerte de Andrés Francisco Miguel, cuyo asesinato originó las protestas.
Dirigentes de organizaciones campesinas y colectivos sociales exigieron hoy al mandatario levantar el estado de sitio y liberar a los detenidos, debido a que "la medida no asegura que se resuelvan las causas que originaron el hecho conflictivo".
Pérez visitó ayer la población y aseguró que se respetan los derechos humanos, pero reiteró que su Gobierno no va a tolerar que se violente el estado de derecho.
Anunció que en la medida que retorne la gobernabilidad a la población se derogará el estado de sitio que se decretó por un periodo de 30 días.
