El Parlamento de Honduras aprobó hoy dos medidas fiscales orientadas a garantizar la estabilidad económica y social, y mejorar la recaudación de impuestos, a solicitud del Ejecutivo.
Ambas iniciativas fueron aprobadas en una sesión de más de doce horas.
La primera ley aprobada fue la del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, que podría generar unos 5.000 millones de lempiras (unos 263 millones de dólares).
La discusión de esta iniciativa inició el sábado y a ella se sumó la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, por un período de un año, que fue aprobada hoy por diputados de las cinco bancadas del Parlamento, aunque unos 20 de los 45 representantes del opositor Partido Liberal no se presentaron a la sesión.
La ley de Emergencia Fiscal y Financiera, según las explicaciones de motivos, le permitirán al Gobierno que preside Porfirio Lobo acceder pronto a recursos frescos de parte de los organismos financieros internacionales.
El presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, dijo que la emergencia fiscal, que abarcará a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), "permitirá acceder a fondos" y que no durará más de un año.
En su opinión, con las medidas adoptadas la comunidad internacional le dará a Honduras un tratamiento parecido al que recibió tras la emergencia causada por el huracán Mitch, a finales de 1998.
La ley de Emergencia Fiscal y Financiera supone que las instituciones del Gobierno estarán orientadas a garantizar la estabilidad económica y social, lo mismo que la seguridad jurídica y ciudadana para impulsar más la inversión nacional y extranjera.
Durante la discusión de los dos proyectos de ley aprobados hoy, los diputados del gobernante Partido Nacional, que suman 71 de los 128 que integran el legislativo, reiteraron que las medidas fiscales obedecen a la crisis económica en que dejó al país el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.
También señalaron que hubo mal manejo de las finanzas durante el régimen de facto que presidió Roberto Micheletti, desde el golpe de Estado a Zelaya hasta el 27 de enero pasado, cuando asumió Porfirio Lobo.
La ley de emergencia se complementa con la de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, cuyo proyecto del Ejecutivo sufrió algunas ligeras modificaciones, tras las reacciones en contra de parte la empresa privada y otros sectores.
La ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, incluye nuevos gravámenes o eleva algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir o limitar exoneraciones que, según el ministro de Finanzas, William Chong Wong, "han dado lugar a abusos de varios sectores".
El arrendamiento de edificios, la telefonía móvil, la energía eléctrica, la importación de vehículos usados, los ingresos por bonificaciones, la lotería electrónica, los cigarrillos y licores, entre otros productos y servicios serán afectados, según las escalas, con las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento.
El presidente Lobo sostiene que las iniciativas enviadas al Parlamento se orientan a que los que ganan más paguen más impuestos, para no cargar con más tributos a los pobres.
Las leyes aprobadas hoy entrarán en vigor al ser publicadas en el diario oficial "La Gaceta".
