La Asamblea Legislativa de Nicaragua extendió hoy la parálisis en que se encuentra sumida desde hace ya casi dos meses debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición por un decreto aprobado por el presidente, Daniel Ortega, en enero pasado, informaron diversas fuentes.
El Parlamento no logró hoy abrir la sesión plenaria por falta de quórum debido a las diferencias sobre el decreto que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año, una norma que fue elevada para su interpretación a la Corte Suprema de Justicia, que también ha entrado en crisis por ese acuerdo presidencial.
Desde el pasado 24 de febrero, el Congreso no ha conseguido realizar una sola sesión, las últimas cinco convocatorias para hacerlo han sido infructuosas y en lo que va de año solo ha aprobado una ley, mientras el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de paralizar el Legislativo y ninguno asume su responsabilidad.
El oficialismo acusa a la oposición de boicotear la aprobación de leyes económicas, sociales y préstamos a favor de Nicaragua, por ese decreto, que alega, debe ser resuelto por el Poder Judicial, no por el Legislativo.
La oposición, en cambio, acusa a los sandinistas de impedir el proceso de formación de leyes en una iniciativa para declarar nulo, por inconstitucional, ese decreto del Ejecutivo.
Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, cuatro de la Corte Suprema de Justicia, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
Debido a esa crisis, el Congreso solamente ha celebrado cuatro sesiones ordinarias -solo una completa- y tres sesiones especiales, en las que ha aprobado una ley, cuatro decretos y una resolución sobre el polémico decreto que no tiene carácter vinculante, según un informe de la secretaría legislativa.
Ortega aprobó el decreto después de que la oposición llegara a un pacto en noviembre pasado para no ratificar ni renovar en la Asamblea a las autoridades que concluían mandato "mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo a los preceptos constitucionales".
El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, llamó al bloque opositor a la "reflexión" para continuar mañana el quehacer legislativo, aunque este grupo ya ha anticipado que no se registrarán.
Las diferencias entre sandinistas y liberales por ese decreto se trasladó ayer a la Corte Suprema de Justicia, donde dos magistrados, uno de ellos Rafael Solís, al que se le venció su período el domingo pasado, se acusaron mutuamente de "matones".
El Ejército de Nicaragua ha dicho que se mantendrá "ajeno" a las pugnas políticas que sostienen el oficialismo y la oposición.
