El Parlamento uruguayo iniciará la próxima semana un debate impulsado por el oficialismo que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías durante la dictadura (1973-1985), informaron hoy fuentes oficiales.
La bancada de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio presentó el martes en la Cámara de Diputados un proyecto del ley interpretativa que tiene por finalidad declarar "inaplicables" tres artículos de la normativa por violar la Constitución, declaró hoy el diputado oficialista Jorge Orrico a una radio local.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, en la que tienen delegados todos los partidos con representación en el Parlamento.
El presidente de la Comisión, Jorge Orrico, a pedido de los legisladores de la oposición, convocó al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, para que explique, el próximo 7 de octubre, las supuestas incongruencias entre la ley de Caducidad y los acuerdos internacionales sobre defensa de los derechos humanos firmados por el país.
La intención de los legisladores oficialistas es que el proyecto interpretativo tenga un tratamiento parlamentario rápido, debido a que para próximo 4 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia en el marco de la demanda presentada contra el Estado uruguayo por la desaparición de la argentina María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, en 1976.
Si se mantiene la vigencia de la Ley de Caducidad, es probable que Uruguay sea condenado por la Corte.
La intención de la fuerza política de izquierda es aprobar en el Parlamento un proyecto de ley que obligue a los tribunales a considerar defendidas por la Constitución las normas internacionales de defensa de los derechos humanos y por tanto hacer inaplicable la Ley de Caducidad, aprobada tras la salida de la dictadura y refrendada por la población en dos plebiscitos en 1989 y en 2009.
"La idea no es anular la ley. Es declararla inexistente e inaplicable por los tribunales. Se trata de un proyecto, apoyado unánimemente por el Frente Amplio y que se basa en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que señala que la Ley de Caducidad es inconstitucional", explicó recientemente a Efe la diputada Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.
Según Payssé, esta propuesta no pretende "valorar lo que votó el pueblo en plebiscito", sino que sólo busca que el Estado uruguayo cumpla con sus "obligaciones internacionales haciéndose cargo de algo que debería haber hecho antes".
Varios legisladores de la oposición señalaron su rechazo a la iniciativa oficial.
El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, el principal de la oposición, afirmó en declaraciones a medios locales que "no se trata de discutir sobre derechos humanos, se trata de proteger la libertad y la soberanía de Uruguay"
El Gobierno uruguayo deberá responder a la acusación interpuesta por Macarena Gelman, hija de una pareja desaparecida durante la dictadura, quien señaló que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación de ese crimen.
Payssé explicó que el proyecto de ley permitiría solventar la petición de Gelman, ya que en su articulado señala que toda intervención judicial interrumpida por la aplicación de la Ley de Caducidad podrá reanudarse con la mera petición de los interesados.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impide juzgar a militares y policías por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Uruguay durante la dictadura, aunque no protege los delitos cometidos por civiles ni los realizados en el exterior del país.
Asimismo, la norma otorga al Ejecutivo el poder para decidir cuáles casos quedan amparados por la Ley y cuáles no. EFE
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