El plan de Gobierno previsto por el reelegido presidente de Bolivia, Evo Morales, para el próximo quinquenio demandará una inversión de 13.000 millones de dólares, informó hoy una fuente oficial.
El vicepresidente Álvaro García Linera explicó en entrevista con el canal estatal que el Gobierno cuenta solo con "una parte" del dinero requerido, por lo que el ministerio de Planificación del Desarrollo empezó a buscar financiación para el programa el pasado mes de septiembre.
El plan, presentado por el oficialismo en la etapa electoral, plantea que el país asuma en tres años "el liderazgo energético en el continente" mediante la venta de combustibles, energía eléctrica y baterías de litio.
Además, busca implementar "los derechos, garantías y proyectos de país" establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero, entre otros aspectos.
García Linera dijo hoy que algunos de los proyectos incluidos en el programa ya han sido incorporados en el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2010, principalmente los del área energética.
Recordó que el presidente Morales "ha convocado a los empresarios privados a sumarse y a ser partícipes del salto industrial" que pretenderá dar el país entre 2010 y 2015.
Por otra parte, el vicepresidente sostuvo que terminó la etapa de confrontación en el país y destacó el creciente apoyo en las nueve regiones del país al proyecto político del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
Los datos de la Corte Nacional Electoral (CNE) con el escrutinio oficial al 96,16 por ciento confirman el triunfo del presidente boliviano con el 63,46 por ciento de apoyo en los comicios generales del pasado 6 de diciembre.
García Linera sostuvo que estos resultados confirman "territorialmente el fin de la polaridad" en Bolivia y el inicio de "un nuevo Estado".
"Lo que estamos viendo en estos resultados es la validación electoral de esta consolidación de un solo proyecto de sociedad", dijo.
Reiteró la invitación del Ejecutivo a los sectores de oposición para trabajar "democráticamente" en la construcción del nuevo Estado.
Además, convocó a las autoridades y líderes sociales de las regiones para identificar los temas legales pendientes referidos a las elecciones de prefectos (gobernadores) y de alcaldes previstas para abril de 2010, a fin de garantizar estos comicios.
