El Poder Judicial peruano calificó hoy como falsa la denuncia de que han sido borrados varios archivos de audio y correos electrónicos que formaban parte de la investigación de un caso de espionaje telefónico destapado en 2008.
Según una nota de prensa del ente judicial peruano, "nunca se ha producido robo de audios, 'asaltos', ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados", tal y como denunció este jueves el diario local La República.
Este medio informó sobre la desaparición del material, que se encontraba guardado, según su versión, en una caja fuerte dentro del despacho de la jueza María Martínez, quien investiga el caso del espionaje telefónico y que está relacionado con otro sonoro asunto de corrupción gubernamental.
Según La República, los archivos formaban parte de la información contenida en dos USB decomisados a Gisella Giannotti, una empleada de la empresa privada de seguridad acusada del espionaje, Business Track (BTR), a varios funcionarios involucrados en un caso de corrupción en una licitación petrolera.
El Poder Judicial respondió a la denuncia de la desaparición de las pruebas asegurando que el material decomisado permanecía en sobres "lacrados" y en la caja fuerte del Palacio Nacional de Justicia, donde está permanentemente vigilado con personal y cámaras de seguridad.
Según la nota de prensa del organismo judicial, existen siete cámaras de vídeo que vigilan el lugar las 24 horas del día, y en las grabaciones se puede verificar que el 4 de mayo, fecha señalada por La República como el día en que se realizó el borrado de información, "nadie ingresó al juzgado y, menos, a la bóveda (caja fuerte)".
Sin embargo, el periódico local cita un informe de los peritos informáticos que analizaron los dos USB, en el que señalan que éstos fueron manipulados el 4 de mayo a la 01.05 hora local de la madrugada.
BTR, dirigida por miembros de la Marina en activo y en retiro, aparentemente fue la responsable de grabar las conversaciones de una serie de funcionarios del Estado con allegados a la empresa Discover Petroleum, ganadora de una licitación de lotes petroleros en octubre de 2008.
Las grabaciones, conocidas como "petroaudios", revelaron negociaciones bajo la mesa para que Discover ganase la licitación con el presunto aval de los organismos estatales a cargo de la adjudicación.
A raíz de ese escándalo, el gabinete del entonces presidente del consejo de ministros Jorge del Castillo renunció por la presunta responsabilidad de varios de sus ministros en las irregularidades.
