El Partido Popular (PP, centroderecha) propiciará, en el caso de ganar las elecciones generales en España el próximo 20 de noviembre, una "gran revolución" de la Administración pública para conseguir que sea "ágil, eficiente, rigurosa, transparente y austera".
Esta fue una de las principales ideas expuestas en el debate "La Administración, motor de cambio" desarrollado hoy en la segunda jornada de la convención nacional que el PP, el principal partido de la oposición en España, celebra en la ciudad andaluza de Málaga (sur).
El encargado de presidir este debate fue el alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, uno de los líderes más destacados del Partido Popular, quien defendió que la Administración pública debe dar un "giro y un avance radical para que cumpla la finalidad que la Constitución española demanda".
"Podemos tener una Administración fuerte, ágil y eficiente, donde el funcionario público sea un colaborador necesario del motor de este país, los emprendedores", subrayó.
También se puede alcanzar, a su juicio, una Administración "rigurosa, austera y transparente".
La igualdad de calidad de los servicios públicos para todos los españoles fue otra de las propuestas expuestas en este debate.
La presidenta del PP en la región de Cataluña (noreste), Alicia Sánchez-Camacho, defendió que la Administración pública necesita también en los ayuntamientos "un nuevo modelo de financiación, que equilibre la mejor y mayor recepción de los servicios públicos".
La dirigente catalana llegó a hablar incluso de una "gran revolución" de la Administración pública.
La idea lanzada por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno español en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, Mariano Rajoy, sobre una limitación del mandato de los presidentes del Gobierno o la posible reducción de cargos públicos (diputados, senadores y parlamentarios regionales) fue también debatida hoy.
El PP adelantó también que, si gana los comicios como pronostican todas las encuestas, impulsará una ley que "castigue" a los bancos y a las compañías telefónicas o de servicios que "abusen" de las personas mayores y se "aprovechen" de ellos.
Según el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, se trata de una norma que proteja a las personas mayores de los "abusos" que sufren por parte de "muchas grandes empresas" que se aprovechan de su falta de recursos y su debilidad.
