Ley de víctimas, buen propósito y muchas dudas, según analistas colombianos
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que entró en vigencia hoy en Colombia marca un hecho histórico y abunda en buenos propósitos, pero también arroja muchas dudas sobre su aplicación, advirtieron analistas consultados por Efe.
La normativa, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, en una ceremonia en la que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban ki-moon, fue testigo de honor, quiere resarcir a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado interno de casi medio siglo.
Pero, tal y como fue aprobada, "presenta varias dudas y problemas que podrían limitar severamente las restitución y reparación" a las víctimas, advirtió a Efe el representante a la Cámara y reconocido líder de la izquierda colombiana Iván Cepeda.
La primera de esas inquietudes, explicó Cepeda, "es, indudablemente, la seguridad de las víctimas y de quienes esperan esta reparación".
Según el legislador, cuyo padre, el dirigente comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994, esos obstáculos "parten de la constatación de que existen y siguen existiendo zonas de control de las estructuras paramilitares".
Es allí, según Cepeda, donde se agudiza el problema, porque en esas zonas con fuerte presencia de la ultraderecha armada y de bandas criminales, "con su 'parapolítica" y su 'paraeconomía', el Estado no ejerce control de administración publica, y allí viven comunidades opuestas a éstas".
Así, añadió, la ley "tiene limitaciones y alcances que no satisfacen los estándares internacionales y dejan por fuera a miles de personas" y, por tanto, debe resultar efectiva en cuanto "al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación".
La nueva norma busca reparar a unos cuatro millones de ciudadanos, víctimas de los actores del conflicto armado interno desde 1985 y se aplicará por un término de diez años.
También, devolver hasta 2014, cuando concluya el Gobierno de Santos, unos dos millones de mas de seis millones de hectáreas usurpadas a sus verdaderos dueños.
Para Cepeda, congresista del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), en la Ley también hay dudas sobre la definición de víctima y victimario, y en ese caso citó el caso del asesinato, esta semana, de una líder de desplazados en Medellín.
"El Gobierno dijo que fueron las 'bacrim' (bandas criminales) y las bacrim no están incluidas explícitamente en la ley", explicó el congresista y también líder del Movimiento de Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Por todo ello, concluyó Cepeda, "tal y como está la ley, no ofrece los alcances ni los elementos necesarios para garantizar esa reparación, y por tanto será necesario que haya un fuerte control de la Corte Constitucional sobre varios de sus artículos".
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marcos Romero, coincidió con Cepeda en que "la seguridad de las víctimas es uno de los principales problemas" de aplicación de la ley.
"Hay una asimetría de las víctimas frente a los victimarios, pues pertenecen a instituciones con más poder, a bandas armadas", dijo Romero, al preguntarse: "¿Cómo lograr que las personas (desplazadas) en esta restitución material puedan regresar a sus territorios?"
Por tanto, urgió al Estado a "brindar garantías de seguridad" y también a "implementar políticas de desarrollo rural" para que quienes regresen a sus tierras puedan producir.
El también analista Fernando Giraldo, catedrático de Comunicación Política de la Universidad Javeriana, además de resaltar que la Ley "abre espacios a la reconciliación", puso de manifiesto las dudas sobre los derechos de las víctimas que se registren una vez entre en vigencia.
"Se pueden presentar varias interpretaciones, pues arranca desde 1991 en cuanto a la reparación material, pero hacia atrás es una reparación simbólica y hacia adelante, desde hoy, entra como en una especie de limbo", afirmó Giraldo a Efe.
Eso, anotó, "no está muy claro y se presta para múltiples interpretaciones", pero en últimas, indicó, "eso lo debe concretar la Corte Constitucional".
Giraldo, Romero y Cepeda coincidieron en que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras debe tener un "acompañamiento" internacional y por eso pidieron a la ONU ejercer "veeduría".
La normativa, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, en una ceremonia en la que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban ki-moon, fue testigo de honor, quiere resarcir a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado interno de casi medio siglo.
Pero, tal y como fue aprobada, "presenta varias dudas y problemas que podrían limitar severamente las restitución y reparación" a las víctimas, advirtió a Efe el representante a la Cámara y reconocido líder de la izquierda colombiana Iván Cepeda.
La primera de esas inquietudes, explicó Cepeda, "es, indudablemente, la seguridad de las víctimas y de quienes esperan esta reparación".
Según el legislador, cuyo padre, el dirigente comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994, esos obstáculos "parten de la constatación de que existen y siguen existiendo zonas de control de las estructuras paramilitares".
Es allí, según Cepeda, donde se agudiza el problema, porque en esas zonas con fuerte presencia de la ultraderecha armada y de bandas criminales, "con su 'parapolítica" y su 'paraeconomía', el Estado no ejerce control de administración publica, y allí viven comunidades opuestas a éstas".
Así, añadió, la ley "tiene limitaciones y alcances que no satisfacen los estándares internacionales y dejan por fuera a miles de personas" y, por tanto, debe resultar efectiva en cuanto "al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación".
La nueva norma busca reparar a unos cuatro millones de ciudadanos, víctimas de los actores del conflicto armado interno desde 1985 y se aplicará por un término de diez años.
También, devolver hasta 2014, cuando concluya el Gobierno de Santos, unos dos millones de mas de seis millones de hectáreas usurpadas a sus verdaderos dueños.
Para Cepeda, congresista del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), en la Ley también hay dudas sobre la definición de víctima y victimario, y en ese caso citó el caso del asesinato, esta semana, de una líder de desplazados en Medellín.
"El Gobierno dijo que fueron las 'bacrim' (bandas criminales) y las bacrim no están incluidas explícitamente en la ley", explicó el congresista y también líder del Movimiento de Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Por todo ello, concluyó Cepeda, "tal y como está la ley, no ofrece los alcances ni los elementos necesarios para garantizar esa reparación, y por tanto será necesario que haya un fuerte control de la Corte Constitucional sobre varios de sus artículos".
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marcos Romero, coincidió con Cepeda en que "la seguridad de las víctimas es uno de los principales problemas" de aplicación de la ley.
"Hay una asimetría de las víctimas frente a los victimarios, pues pertenecen a instituciones con más poder, a bandas armadas", dijo Romero, al preguntarse: "¿Cómo lograr que las personas (desplazadas) en esta restitución material puedan regresar a sus territorios?"
Por tanto, urgió al Estado a "brindar garantías de seguridad" y también a "implementar políticas de desarrollo rural" para que quienes regresen a sus tierras puedan producir.
El también analista Fernando Giraldo, catedrático de Comunicación Política de la Universidad Javeriana, además de resaltar que la Ley "abre espacios a la reconciliación", puso de manifiesto las dudas sobre los derechos de las víctimas que se registren una vez entre en vigencia.
"Se pueden presentar varias interpretaciones, pues arranca desde 1991 en cuanto a la reparación material, pero hacia atrás es una reparación simbólica y hacia adelante, desde hoy, entra como en una especie de limbo", afirmó Giraldo a Efe.
Eso, anotó, "no está muy claro y se presta para múltiples interpretaciones", pero en últimas, indicó, "eso lo debe concretar la Corte Constitucional".
Giraldo, Romero y Cepeda coincidieron en que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras debe tener un "acompañamiento" internacional y por eso pidieron a la ONU ejercer "veeduría".
