El presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, aseguró hoy que la Justicia tramitará un eventual pedido de Argentina para extraditar al juez Otilio Romano, procesado en su país y solicitante de refugio en Chile.
Otilio Romano viajó a Chile el pasado 24 de agosto después de que fuera citado para responder por su presunta participación en más de un centenar de delitos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.
"Se trata de una persona que está pidiendo asilo y hay un mecanismo político para eso. Pero también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos para el pedido de extradición correspondiente", explicó Juica.
El máximo responsable del alto tribunal recordó que la Justicia chilena sólo podría intervenir en este caso si las autoridades argentinas emitieran un pedido de extradición.
"En la parte judicial, solo empezamos a operar cuando se haga un pedido formal de extradición", recalcó.
"Las garantías procesales son universales y Chile y el Poder Judicial tienen que cumplir con esas garantías. Esperemos lo que decida el Gobierno en esta materia", añadió Juica.
El pasado viernes, el fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, elevó el pedido de captura internacional con prisión preventiva contra Otilio Romano ante el juez Walter Bento, cuya respuesta se espera para esta misma semana.
Aprobar esa petición supondría un paso previo para que Argentina solicite su extradición.
Fuentes del Poder Judicial chileno explicaron a Efe que con una orden de captura internacional, Chile solo puede informar a las autoridades de otro país sobre el paradero de la persona requerida.
Para proceder a su detención, se debe solicitar una orden de detención con fines de extradición o directamente pedir la extradición y adjuntar la solicitud de detención preventiva.
El magistrado Otilio Romano llegó en avión a Santiago el pasado 24 de agosto, y el 2 de septiembre presentó una solicitud de refugio, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.
En ella, Romano argumentó que estaba siendo "perseguido políticamente por el Gobierno de la República de Argentina por no haber investigado denuncias concernientes a la violación de derechos humanos en la época en que aún no era juez federal", según informó hoy a Efe una fuente del caso.
Esta fuente no pudo confirmar sin embargo si, tal como han informado medios locales argentinos, Romano iba a comparecer hoy ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, encargada de analizar su solicitud.
Esa comisión, compuesta por cinco funcionarios del Gobierno y por un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es solo consultiva, puesto que la decisión final depende del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Fuentes de la Corte Suprema también explicaron a Efe que sería posible que la Justicia tramitara un pedido de extradición mientras, de forma paralela, se analiza la solicitud de refugio de Romano.
